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Artículo 118: Derechos del Investigado en la Ley de Enjuiciamiento Criminal de España

Artículo 118: Derechos del Investigado en la Ley de Enjuiciamiento Criminal de España

El artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM) en España es un pilar fundamental del derecho penal que establece los derechos del investigado desde el momento en que se inicia un procedimiento penal en su contra. Este artículo asegura que cualquier persona bajo investigación penal tenga acceso a una serie de garantías procesales que protejan sus derechos y libertades fundamentales.

A continuación, exploramos en profundidad el contenido del artículo 118, sus implicaciones prácticas y su importancia en el sistema de justicia penal español.

Indice

    Contexto del artículo 118

    Importancia de los derechos del investigado

    En un estado de derecho, es crucial que todas las personas acusadas de un delito tengan garantizados ciertos derechos fundamentales para asegurar un proceso justo e imparcial. El artículo 118 de la LECRIM se centra en proteger al investigado desde el inicio de la investigación penal, asegurando que se respeten sus derechos humanos y procesales.

    El artículo 118 establece un conjunto de derechos esenciales para el investigado, que incluyen el derecho a ser informado de los hechos que se le imputan, a contar con un abogado, a acceder a las actuaciones y a no declarar contra sí mismo. Estos derechos están diseñados para garantizar que el investigado pueda defenderse adecuadamente y que el proceso penal se lleve a cabo de manera justa y equitativa.

    Derechos del investigado según el artículo 118

    Derecho a ser informado

    El derecho a ser informado es uno de los primeros derechos que se le debe comunicar al investigado. Este derecho implica que desde el momento en que una persona es formalmente investigada, debe ser notificada de manera clara y comprensible sobre:

    • Los hechos que se le imputan.
    • Las razones de la investigación.
    • Los derechos que le asisten durante el proceso penal.

    Derecho a la defensa y asistencia letrada

    El investigado tiene derecho a contar con un abogado que lo asista durante todo el proceso penal. Este derecho es fundamental para garantizar una defensa adecuada y comprende varios aspectos:

    • Elección de abogado: El investigado puede elegir libremente a su abogado. Si no cuenta con recursos económicos, tiene derecho a la asistencia jurídica gratuita.
    • Asistencia desde el primer momento: El abogado debe estar presente desde el primer interrogatorio policial o judicial.
    • Confidencialidad: Las comunicaciones entre el investigado y su abogado son confidenciales y están protegidas por el secreto profesional.

    Derecho a acceder a las actuaciones

    El investigado tiene derecho a conocer el contenido de las actuaciones en las que se basa la imputación en su contra. Este derecho permite al investigado y a su abogado revisar los documentos y pruebas recopiladas durante la investigación, lo cual es esencial para preparar una defensa efectiva.

    Derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable

    Uno de los derechos más importantes del investigado es el derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable. Este derecho se basa en el principio de que nadie está obligado a autoincriminarse y está estrechamente relacionado con la presunción de inocencia. El investigado puede optar por no responder a las preguntas que se le formulen, sin que ello pueda ser interpretado en su contra.

    Derecho a un intérprete

    Si el investigado no comprende o no habla el idioma español, tiene derecho a contar con un intérprete que le asista durante todo el proceso penal. Este derecho asegura que el investigado pueda entender plenamente los procedimientos y comunicarse eficazmente con su abogado y con el tribunal.

    Derecho a ser informado de los derechos

    Además de ser informado de los hechos que se le imputan, el investigado debe ser informado de manera explícita y comprensible de todos los derechos que le asisten. Esta obligación recae sobre las autoridades policiales y judiciales que intervienen en el proceso.

    Implicaciones prácticas de los derechos del investigado

    Garantía de un juicio justo

    La implementación efectiva de los derechos establecidos en el artículo 118 es fundamental para garantizar un juicio justo. Estos derechos permiten al investigado conocer los cargos en su contra, preparar una defensa adecuada y participar activamente en el proceso penal, lo cual es esencial para la justicia y la equidad.

    Protección contra abusos

    El reconocimiento y respeto de los derechos del investigado también sirven como una protección contra posibles abusos por parte de las autoridades. Al garantizar la asistencia letrada desde el primer momento y el acceso a las actuaciones, se reduce el riesgo de coacciones, intimidaciones o manipulaciones durante la investigación.

    Equilibrio procesal

    Los derechos del investigado buscan equilibrar la relación de poder entre el Estado, que posee los recursos para investigar y perseguir delitos, y el individuo, que se encuentra en una posición de vulnerabilidad. Este equilibrio es esencial para asegurar que el proceso penal sea justo y que las decisiones judiciales se basen en pruebas obtenidas de manera lícita y respetando los derechos fundamentales.

    Jurisprudencia relevante

    Casos emblemáticos

    La aplicación práctica del artículo 118 ha sido objeto de diversas interpretaciones y decisiones judiciales que han ayudado a clarificar y reforzar los derechos del investigado. A continuación, se presentan algunos casos emblemáticos:

    Caso 1: Derecho a la asistencia letrada desde el primer momento

    En un caso reciente, el Tribunal Supremo determinó que cualquier declaración realizada por el investigado sin la presencia de su abogado no podía ser utilizada como prueba en su contra. Esta decisión subrayó la importancia de la asistencia letrada desde el primer momento y reforzó la protección de los derechos del investigado.

    Caso 2: Acceso a las actuaciones

    En otro fallo importante, el Tribunal Constitucional reconoció que la denegación del acceso a las actuaciones por parte del investigado y su abogado constituía una violación de su derecho a una defensa efectiva. El tribunal ordenó la repetición del proceso penal, asegurando que el investigado tuviera pleno acceso a las pruebas y documentos relevantes.

    Preguntas y respuestas sobre el artículo 118

    ¿Qué establece el artículo 118 de la LECRIM?

    El artículo 118 de la LECRIM establece los derechos del investigado en un proceso penal, incluyendo el derecho a ser informado de los hechos imputados, a la asistencia letrada, a acceder a las actuaciones, a no declarar contra sí mismo y a un intérprete si no comprende el idioma español.

    ¿Cuándo debe ser informado el investigado de sus derechos?

    El investigado debe ser informado de sus derechos desde el momento en que se le comunica que está siendo formalmente investigado por un delito.

    ¿Qué implica el derecho a la asistencia letrada?

    El derecho a la asistencia letrada implica que el investigado tiene derecho a contar con un abogado desde el primer momento del procedimiento penal, a elegir libremente a su abogado y a la confidencialidad de las comunicaciones con su abogado.

    ¿Qué significa el derecho a no declarar contra sí mismo?

    El derecho a no declarar contra sí mismo significa que el investigado puede optar por no responder a las preguntas que se le formulen durante la investigación y el juicio, sin que esto pueda ser interpretado en su contra.

    ¿Qué ocurre si el investigado no habla o no entiende español?

    Si el investigado no habla o no entiende español, tiene derecho a contar con un intérprete que le asista durante todo el proceso penal para asegurar que pueda entender y participar plenamente en los procedimientos.

    ¿Cómo protege el acceso a las actuaciones los derechos del investigado?

    El acceso a las actuaciones permite al investigado y a su abogado revisar los documentos y pruebas recopiladas durante la investigación, lo cual es esencial para preparar una defensa efectiva y garantizar un juicio justo.

    ¿Puede el investigado renunciar a alguno de sus derechos?

    El investigado puede decidir no ejercer ciertos derechos, como el de declarar, pero no puede renunciar a otros derechos fundamentales, como el de asistencia letrada. Las autoridades deben asegurarse de que cualquier renuncia sea voluntaria e informada.

    ¿Qué papel juegan los tribunales en la protección de los derechos del investigado?

    Los tribunales juegan un papel crucial en la protección de los derechos del investigado, asegurando que se respeten en todas las etapas del proceso penal y corrigiendo cualquier vulneración de estos derechos mediante decisiones judiciales y la anulación de pruebas obtenidas ilícitamente.

    ¿Qué sucede si se vulneran los derechos del investigado?

    Si se vulneran los derechos del investigado, las pruebas obtenidas de manera ilícita pueden ser anuladas, y el proceso penal puede ser repetido para asegurar un juicio justo. Los tribunales tienen la responsabilidad de corregir cualquier violación de los derechos del investigado.

    ¿Cómo se garantiza el derecho a un juicio justo?

    El derecho a un juicio justo se garantiza mediante el respeto y la protección de los derechos del investigado, la transparencia del proceso penal, la imparcialidad de los tribunales y la posibilidad de revisar las decisiones judiciales mediante recursos adecuados.

    • Barja de Quiroga López, Jacobo
    • Encinar del Pozo, Miguel Ángel
    • Gimeno Beviá, Jordi

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