Por qué no puedes comprarle a un ayuntamiento una plaza pública: bienes de dominio público y patrimoniales

No todos los bienes que pertenecen al Estado o a una Administración pública se rigen por las mismas reglas: unos pueden venderse o embargarse como cualquier bien privado, mientras que otros están completamente fuera del comercio. La Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas explica qué convierte a un bien en de dominio público, sometido a este segundo régimen mucho más protector.

El criterio central: afectación al uso general o al servicio público

El artículo 5.1 fija la regla básica: son bienes y derechos de dominio público los que, siendo de titularidad pública, están afectados al uso general o al servicio público, así como aquellos a los que una ley otorgue expresamente el carácter de demaniales. Lo decisivo, por tanto, no es solo quién es el propietario del bien, sino la función que ese bien cumple: si está destinado a que lo use la ciudadanía en general —una plaza, una carretera— o a prestar un servicio público —un hospital, un colegio público—, adquiere esta condición reforzada.

Los bienes de dominio público que fija directamente la Constitución

El artículo 5.2 añade una categoría cerrada: son bienes de dominio público estatal, en todo caso, los mencionados en el artículo 132.2 de la Constitución —la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica exclusiva y la plataforma continental—. Esta categoría constitucional no depende de ninguna afectación adicional: la propia Constitución los declara demaniales directamente.

Los inmuebles donde se alojan oficinas y servicios públicos

El artículo 5.3 concreta un supuesto muy práctico: los inmuebles de titularidad de la Administración General del Estado, o de organismos públicos vinculados o dependientes de ella, en los que se alojen servicios, oficinas o dependencias de sus órganos o de los órganos constitucionales del Estado, se consideran en todo caso bienes de dominio público. Un edificio de oficinas de un ministerio, por ejemplo, es demanial precisamente por albergar esa función administrativa, aunque a simple vista no se diferencie de cualquier edificio de oficinas privado.

Qué normas se aplican a estos bienes

El artículo 5.4 establece el orden de prelación normativa: los bienes de dominio público se rigen, en primer lugar, por las leyes y disposiciones especiales que les sean de aplicación, y a falta de estas, por la propia Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas y sus normas de desarrollo. Solo de forma supletoria se aplican las normas generales del derecho administrativo y, en su defecto, las del derecho privado.

Por qué esta distinción es tan relevante en la práctica

La consecuencia más importante de que un bien sea calificado como de dominio público es que queda fuera del comercio: es inalienable —no se puede vender—, inembargable —no puede ser objeto de embargo por deudas— e imprescriptible —nadie puede adquirirlo por el simple paso del tiempo, por mucho que lo posea de hecho—. Los bienes patrimoniales de las Administraciones, en cambio, no gozan de esta protección: pueden venderse, arrendarse o embargarse conforme a las reglas generales, con las particularidades propias del derecho administrativo.

Cómo un bien puede cambiar de categoría

La propia legislación patrimonial prevé mecanismos de afectación y desafectación mediante los cuales un bien puede pasar de la categoría patrimonial a la demanial, o a la inversa, cuando cambia el uso o servicio al que está destinado: un antiguo cuartel militar desafectado, por ejemplo, puede pasar a integrarse en el patrimonio de la Administración como bien patrimonial disponible, susceptible de venta o de otro aprovechamiento.

Esta guía es una explicación divulgativa de BOE Fácil, no asesoramiento jurídico. Para el texto oficial completo, consulta el artículo 5 de la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas.