Antes de darte un préstamo, el banco está obligado por ley a comprobar si puedes pagarlo

Que un banco o una financiera te conceda un crédito al consumo sin comprobar antes si realmente puedes devolverlo no es solo mala práctica comercial: la Ley de Contratos de Crédito al Consumo lo convierte en una obligación legal expresa, incumplirla tiene consecuencias.

La obligación de evaluar la solvencia

El artículo 14.1 lo establece con claridad: el prestamista, antes de que se celebre el contrato de crédito, debe evaluar la solvencia del consumidor, sobre la base de información suficiente obtenida por medios adecuados —entre ellos, la que facilite el propio consumidor a petición del prestamista o del intermediario de crédito—. Con esa misma finalidad, el prestamista puede consultar los ficheros de solvencia patrimonial y crédito, siempre con los requisitos y garantías que exige la normativa de protección de datos.

Requisitos adicionales para las entidades de crédito

El propio artículo 14.1 añade una exigencia específica para bancos y entidades financieras: además de la evaluación general de solvencia, deben tener en cuenta las normas específicas sobre gestión de riesgos y control interno que les resultan aplicables según su legislación sectorial propia —un nivel de exigencia más riguroso que el que se aplica a otros prestamistas no bancarios.

Qué pasa si se amplía el crédito después de firmarlo

El artículo 14.2 regula un supuesto habitual en la práctica: si las partes acuerdan modificar el importe total del crédito después de haber celebrado el contrato original —por ejemplo, ampliando el límite de una tarjeta de crédito revolving—, el prestamista debe actualizar la información financiera de que disponga sobre el consumidor, y volver a evaluar su solvencia, antes de aumentar significativamente ese importe total. No basta, por tanto, con haber evaluado la solvencia una única vez al inicio de la relación: cualquier ampliación relevante del crédito exige repetir ese análisis.

Por qué esta obligación protege al propio consumidor

Aunque a primera vista pueda parecer una obligación pensada solo para proteger al prestamista frente al riesgo de impago, esta norma protege en primer lugar al propio consumidor: evita que se le concedan créditos que, en realidad, superan su capacidad real de devolución, contribuyendo así a prevenir situaciones de sobreendeudamiento. Es una de las piezas clave de la regulación europea y española de crédito responsable, incorporada a raíz de las lecciones aprendidas tras la crisis financiera de 2008.

Qué pasa si el prestamista incumple esta obligación

Aunque este artículo no lo detalle directamente, el incumplimiento de la obligación de evaluar adecuadamente la solvencia puede tener consecuencias relevantes en la práctica, incluida su valoración por los tribunales al analizar si un contrato de crédito se concedió de forma irresponsable, lo que puede influir, entre otros aspectos, en litigios sobre créditos revolving con condiciones especialmente gravosas concedidos sin un análisis adecuado de la capacidad real de pago del consumidor.

Esta guía es una explicación divulgativa de BOE Fácil, no asesoramiento jurídico. Para el texto oficial completo, consulta el artículo 14 de la Ley de Contratos de Crédito al Consumo.