Interés superior del menor: el principio que decide por encima de cualquier otro

El interés superior del menor no es una frase retórica: la Ley de Protección Jurídica del Menor lo convierte en un principio jurídico con criterios concretos de aplicación, que debe primar sobre cualquier otro interés legítimo en juego, incluido el de sus propios padres.

La regla de prevalencia absoluta

El artículo 2.1 fija la regla central: todo menor tiene derecho a que su interés superior sea valorado y considerado como primordial en todas las acciones y decisiones que le conciernan, tanto en el ámbito público como privado. En la aplicación de esta ley y de las normas que afecten a menores, ese interés superior prima sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir —incluido el de los progenitores, las instituciones o cualquier otra parte implicada—. El mismo artículo añade que las limitaciones a la capacidad de obrar de los menores deben interpretarse siempre de forma restrictiva, y siempre en su interés superior.

Los criterios generales para valorarlo

El artículo 2.2 fija varios criterios para interpretar y aplicar este interés superior en cada caso concreto: la protección del derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo del menor, y la satisfacción de sus necesidades materiales, físicas, educativas, emocionales y afectivas; la consideración de sus deseos, sentimientos y opiniones, con derecho a participar progresivamente según su edad y madurez en el proceso de determinación de ese interés; la conveniencia de que su vida se desarrolle en un entorno familiar adecuado y libre de violencia, priorizando la permanencia en su familia de origen y, si hace falta una medida de protección, priorizando el acogimiento familiar sobre el residencial; y la preservación de su identidad, cultura, religión, orientación e identidad sexual, sin discriminación por estas ni por ninguna otra circunstancia.

Los elementos que ponderan estos criterios

El artículo 2.3 añade elementos adicionales de ponderación: la edad y madurez del menor; la necesidad de garantizar su igualdad y no discriminación por su especial vulnerabilidad —por carecer de entorno familiar, sufrir maltrato, tener una discapacidad, o pertenecer a una minoría étnica, entre otras circunstancias—; el efecto irreversible del paso del tiempo en su desarrollo; la necesidad de estabilidad en las soluciones adoptadas, minimizando los riesgos de cualquier cambio de situación; y la preparación del tránsito a la edad adulta, según sus capacidades y circunstancias personales.

Por qué se prioriza el acogimiento familiar frente al residencial

Dentro de los criterios del apartado 2, destaca una prioridad clara de política de protección de menores: cuando resulta necesaria una medida de protección, la ley obliga a priorizar el acogimiento familiar frente al residencial, precisamente porque el desarrollo en un entorno familiar se considera, con carácter general, más favorable para el menor que el internamiento en un centro, salvo que las circunstancias concretas del caso aconsejen lo contrario.

El fundamento internacional de este principio

El artículo 3 conecta este principio con su origen: los menores gozan de los derechos que reconocen la Constitución y los tratados internacionales de los que España es parte, especialmente la Convención de Derechos del Niño de Naciones Unidas, de la que este principio del interés superior del menor procede directamente, y que obliga a interpretar toda la legislación española sobre menores de conformidad con ese marco internacional.

Esta guía es una explicación divulgativa de BOE Fácil, no asesoramiento jurídico. Para el texto oficial completo, consulta el artículo 2 de la Ley de Protección Jurídica del Menor.