Que dos empresas se pongan de acuerdo en el precio: por qué es ilegal, con pocas excepciones

Que dos empresas competidoras se pongan de acuerdo para fijar precios, repartirse el mercado o limitar la producción es, con carácter general, ilegal en España: la Ley de Defensa de la Competencia lo prohíbe expresamente, con sanciones económicas que pueden ser muy elevadas.

La prohibición general

El artículo 1.1 prohíbe todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela, que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en todo o parte del mercado nacional. La norma no exige que el efecto restrictivo llegue a producirse realmente: basta con que el acuerdo tenga ese objeto, o pueda producir ese efecto, para que quede prohibido.

Los ejemplos concretos que enumera la ley

El propio artículo 1.1 enumera, sin agotar la lista, cinco tipos de conductas especialmente típicas de esta prohibición: la fijación, directa o indirecta, de precios u otras condiciones comerciales; la limitación o el control de la producción, la distribución, el desarrollo técnico o las inversiones; el reparto del mercado o de las fuentes de aprovisionamiento; la aplicación de condiciones desiguales para prestaciones equivalentes que perjudiquen a unos competidores frente a otros; y la subordinación de contratos a la aceptación de prestaciones suplementarias sin relación con su objeto.

La consecuencia: nulidad de pleno derecho

El artículo 1.2 fija la consecuencia jurídica más drástica: los acuerdos, decisiones y recomendaciones prohibidos son nulos de pleno derecho, salvo que estén amparados por alguna de las exenciones que la propia ley prevé. Esta nulidad significa que el acuerdo no produce ningún efecto jurídico válido entre las partes, con independencia de las sanciones administrativas que además puedan imponerse.

La excepción: cuando el acuerdo mejora el mercado

El artículo 1.3 introduce una excepción importante, que se aplica de forma automática sin necesidad de una decisión administrativa previa: la prohibición no se aplica a los acuerdos que contribuyan a mejorar la producción, la comercialización o distribución de bienes y servicios, o a promover el progreso técnico o económico, siempre que cumplan tres condiciones acumulativas: que permitan a los consumidores participar de forma equitativa de esas ventajas; que no impongan a las empresas restricciones que no sean indispensables para conseguir esos objetivos; y que no permitan a las empresas partícipes eliminar la competencia respecto de una parte sustancial de los productos o servicios afectados.

La conexión con la normativa europea

El artículo 1.4 extiende esta excepción a los acuerdos que cumplan las disposiciones de los Reglamentos comunitarios sobre esta materia, incluso cuando esas conductas no puedan afectar al comercio entre los Estados miembros de la Unión Europea, alineando así el régimen español con el marco europeo de defensa de la competencia.

Por qué esta prohibición protege, en última instancia, al consumidor

El objetivo último de esta prohibición no es proteger a las empresas competidoras entre sí, sino garantizar que la competencia real entre ellas beneficie al consumidor, a través de precios más bajos, mejor calidad y mayor innovación. Cuando las empresas se ponen de acuerdo para evitar competir entre ellas, es precisamente el consumidor final quien acaba pagando el sobrecoste de esa falta de competencia real.

Esta guía es una explicación divulgativa de BOE Fácil, no asesoramiento jurídico. Para el texto oficial completo, consulta el artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia.