Artículo 2. Modificación del Real Decreto 1012/2015, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, y por el que se modifica el Real Decreto 2606/1996, de 20 de diciembre, sobre fondos de garantía de depósitos de entidades de crédito.
El Real Decreto 1012/2015, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, y por el que se modifica el Real Decreto 2606/1996, de 20 de diciembre, sobre fondos de garantía de depósitos de entidades de crédito, queda redactado como sigue:
Uno. Se modifica el apartado 1, el apartado 3 y el apartado 5 del artículo 6, que pasan a tener el siguiente tenor literal:
> «1. Con carácter previo a la adopción de cualquier medida de resolución o el ejercicio de las facultades de amortización o conversión se realizará una valoración del activo y el pasivo de la entidad por un experto independiente designado por el FROB, conforme a lo establecido en el artículo 5 de la Ley 11/2015, de 18 de junio. Cuando se cumplan todos los requisitos establecidos en el presente artículo, la valoración se considerará definitiva.»
> «3. La valoración será utilizada para los siguientes propósitos:
> a) Ponderar el cumplimiento de las condiciones para la resolución o las condiciones para la amortización o conversión de instrumentos de capital y pasivos admisibles.
> b) Adoptar la decisión sobre la medida de resolución adecuada que ha de adoptarse respecto de la entidad.
> c) Informar sobre el alcance de la cancelación o el reajuste a la baja del valor de las acciones u otros instrumentos de capital, y el alcance de la amortización o conversión de los instrumentos de capital y pasivos admisibles, en el caso de que se proceda a la amortización o conversión de capital.
> d) Establecer el alcance de la amortización o conversión de los pasivos susceptibles de recapitalización interna, en el caso de que se utilice el instrumento de recapitalización interna.
> e) Determinar qué activos, derechos, pasivos o acciones u otros instrumentos de capital habrán de tramitarse, así como la decisión sobre el valor que haya de abonarse a la entidad objeto de la resolución o, en su caso, a los propietarios de las acciones u otros instrumentos de capital, cuando se aplique el instrumento de entidad puente o el instrumento de segregación de activos.
> f) Fundamentar la decisión sobre los activos, derechos, pasivos o acciones u otros instrumentos de capital que habrán de transmitirse, cuando se aplique el instrumento de venta del negocio, e informar lo que debe considerarse, a juicio del FROB, como condiciones comerciales a efectos de lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 11/2015, de 18 de junio.
> g) Asegurar la detección de toda pérdida que afecte a los activos de la entidad en el momento en que se apliquen los instrumentos de resolución o se ejerza la competencia para amortizar o convertir los instrumentos de capital y pasivos admisibles.»
> «5. La valoración no contemplará ninguna aportación futura de ayudas públicas extraordinarias a la entidad, de ayudas en forma de provisión urgente de liquidez del banco central o de ayudas en forma de liquidez del banco central atendiendo a criterios no convencionales en cuanto a garantías, vencimiento y tipos de interés, a partir del momento en que se emprenda una medida de resolución o se ejerza la competencia para amortizar o convertir los instrumentos de capital y pasivos admisibles en cuestión.»
Dos. Se modifican los apartados 3 y 4 del artículo 9, que pasan a tener el siguiente tenor literal:
> «3. No obstante lo dispuesto en el artículo 6.1, la valoración provisional efectuada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.1 y 2, permitirá al FROB emprender las acciones de resolución que sean necesarias, incluyendo la asunción del control de una entidad inviable o el ejercicio de las facultades de amortización o conversión de instrumentos de capital y pasivos admisibles.
> 4. La valoración formará parte integrante de la decisión de aplicar un instrumento de resolución o de ejercer una competencia de resolución, así como de la decisión de ejercer las facultades de amortización o conversión de instrumentos de capital y pasivos admisibles.»
Tres. Se modifica el primer párrafo, las letras o) y p) del segundo párrafo y se introduce un nuevo párrafo final en el apartado 1 del artículo 25 con el siguiente contenido:
> «1. El plan de resolución previsto en el artículo 13 de la Ley 11/2015, de 18 de junio, contendrá los instrumentos y competencias de resolución aplicables a la entidad atendiendo a los diferentes escenarios de estrés que puedan desencadenar la inviabilidad, entre los que se incluirán, que el fenómeno de inviabilidad se produzca por causas internas a la entidad o que se produzca en un momento de inestabilidad financiera general o a causa de factores que afectan a todo el sistema.»
> «o) Los requerimientos de fondos propios y pasivos admisibles a que se refieren los artículos 79 y 80 y una fecha límite para alcanzar dicho nivel, del periodo transitorio que, en su caso, determine la autoridad de resolución preventiva de conformidad con el artículo 85.
> p) Cuando una autoridad de resolución preventiva aplique los artículos 76 o 77, si procede, un calendario para el cumplimiento, por parte de la entidad de resolución, del periodo transitorio que, en su caso, determine la autoridad de resolución preventiva de conformidad con el artículo 85.»
> «Al establecer los calendarios a que se refieren las letras o) y p), en las circunstancias mencionadas en el artículo 13.3.b) de la Ley 11/2015, de 18 de junio, la autoridad de resolución tendrá en cuenta la fecha límite para cumplir la orientación sobre fondos propios adicionales a que se refiere el artículo 69 bis de la Ley 10/2014, de 26 de junio.»
Cuatro. Se modifica el apartado 1 del artículo 26, que pasa a tener el siguiente tenor literal:
> «1. El plan de resolución de grupo previsto en el artículo 14.1 de la Ley 11/2015, de 18 de junio, incluirá los elementos mencionados en el artículo 25.1 y, además, deberá:
> a) Establecer las medidas de resolución previstas para las entidades de resolución en los escenarios contemplados en el artículo 25.1, y las repercusiones de dichas medidas de resolución respecto de las demás entidades del grupo, para la empresa matriz y para las entidades filiales.
> Cuando un grupo esté formado por más de un grupo de resolución, establecer las medidas de resolución que deben tomarse para las entidades de resolución de cada grupo de resolución y las implicaciones de estas medidas sobre:
> 1.º Otras entidades del grupo que pertenezcan al mismo grupo de resolución; y
> 2.º Otros grupos de resolución;
> b) Examinar en qué medida los instrumentos de resolución pueden aplicarse y las facultades de resolución pueden ejercerse a entidades de resolución establecidas dentro de la Unión Europea de forma coordinada, incluidas las medidas para facilitar la compra del grupo en su conjunto por un tercero, o de ramas de actividad específicas o actividades desempeñadas por una o varias entidades del grupo, o de entidades del grupo o grupos de resolución específicos, así como identificar cualquier obstáculo potencial a una resolución coordinada.
> c) Cuando un grupo incluya entidades constituidas en Estados no miembros de la Unión Europea, establecer acuerdos adecuados para la cooperación y coordinación con las autoridades que corresponda atendiendo a las consecuencias para la resolución en el seno de la Unión Europea.
> d) Determinar las medidas necesarias para facilitar la resolución de grupo cuando se cumplan las condiciones de resolución. Entre tales medidas podrá figurar la separación jurídica y económica de funciones o ramas de actividad concretas.
> e) Determinar las condiciones de financiación de las acciones de resolución de grupo, atendiendo a principios equitativos y equilibrados de reparto de las cargas entre fuentes de financiación radicadas en diferentes Estados miembros de la Unión Europea. En particular, estos principios deberán basarse en los criterios establecidos en el artículo 52.3, y deberán considerar las repercusiones en la estabilidad financiera de todos los Estados miembros de la Unión Europea afectados.
> f) Establecer cualquier otra medida adicional que el FROB, cuando sea la autoridad de resolución del grupo, tenga intención de adoptar en relación con las entidades incluidas dentro de cada grupo de resolución.
> En todo caso, los planes de resolución de grupo no podrán tener un impacto desproporcionado en ningún Estado miembro de la Unión Europea.»
Cinco. Se modifica el apartado 2 y el apartado 7 del artículo 28, que pasan a tener el siguiente tenor literal:
> «2. Si las autoridades de resolución no alcanzasen la decisión conjunta en el plazo de cuatro meses previsto en el apartado anterior, la autoridad de resolución preventiva, cuando sea la autoridad de resolución preventiva a nivel de grupo, adoptará su propia decisión sobre el plan de resolución de grupo o, cuando sea la autoridad de resolución de una filial, y no esté de acuerdo con el plan de resolución del grupo, adoptará su propia decisión y, cuando proceda, identificará a la entidad de resolución y elaborará y mantendrá actualizado un plan de resolución para el grupo de resolución compuesto de entidades que estén bajo jurisdicción española.
> Estas decisiones estarán plenamente motivadas y deberán tener en cuenta las opiniones y reservas expresadas por las demás autoridades de resolución y supervisores. Además, en los casos en que la autoridad de resolución preventiva sea la autoridad de resolución de una filial, la decisión deberá exponer las razones del desacuerdo con el plan de resolución de grupo propuesto.
> La autoridad de resolución preventiva comunicará sus decisiones a las entidades afectadas y a los miembros del colegio de autoridades de resolución.»
> «7. Cuando se tomen decisiones conjuntas en virtud de lo dispuesto en los apartados 1 y 4 y una autoridad de resolución determine que la cuestión que ha suscitado el desacuerdo sobre los planes de resolución a nivel de grupo vulnera las competencias fiscales de su Estado, la autoridad de resolución preventiva, cuando sea la autoridad de resolución preventiva a nivel de grupo, procederá a una reevaluación del plan de resolución de grupo, incluido el requerimiento mínimo de fondos propios y pasivos admisibles.»
Seis. Se introduce un nuevo artículo 29 bis con el siguiente contenido:
###### «Artículo 29 bis. Cálculo del importe máximo distribuible relacionado con el requerimiento mínimo de fondos propios y pasivos admisibles.
> 1. El importe máximo distribuible relacionado con el requerimiento mínimo de fondos propios y pasivos admisibles previsto en el artículo 16 bis de la Ley 11/2015, de 18 de junio, se calculará multiplicando la suma calculada según lo previsto en el apartado 2 por el factor determinado de conformidad con el apartado 3. El resultado de este múltiplo, se reducirá por el importe que resulte de cualquiera de las medidas contempladas en el artículo 16 bis.1.a) o b) de dicha ley.
> 2. La suma que deberá multiplicarse de conformidad con el apartado 1 consistirá en:
> a) Los beneficios intermedios no incluidos en el capital de nivel 1 ordinario en virtud del artículo 26.2 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, netos de cualquier reparto de beneficios o pago que resulte de las medidas a que se refieren el artículo 16 bis. 1.a) o b) de la Ley 11/2015, 18 de junio;
> Más
> b) Los beneficios al cierre del ejercicio no incluidos en el capital de nivel 1 ordinario en virtud del artículo 26.2 del Reglamento (UE) n.º 575/2013 netos de cualquier reparto de beneficios o pago que resulte de las medidas a que se el artículo 16 bis.1.a) o b) de la Ley 11/2015, 18 de junio;
> Menos
> c) Los importes que habrían de pagarse en concepto de impuestos de conservarse los elementos especificados en las letras a) y b).
> 3. El factor previsto en el apartado 1 se determinará de la siguiente manera:
> a) Cuando el capital de nivel 1 ordinario, mantenido por la entidad, que no se utilice para cumplir alguno de los requisitos establecidos en el artículo 92 bis del Reglamento (UE) n.º 575/2013, ni para cumplir con el requerimiento mínimo de fondos propios y pasivos admisibles previsto en el capítulo X, expresado en porcentaje del importe total de exposición al riesgo calculado de conformidad con el artículo 92.3 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, se sitúe en el primer cuartil (es decir, el más bajo) de los requisitos combinados de colchón, el factor será 0;
> b) Cuando el capital de nivel 1 ordinario, mantenido por la entidad, que no se utilice para cumplir alguno de los requisitos establecidos en el artículo 92 bis del Reglamento (UE) n.º 575/2013, ni para cumplir con el requerimiento mínimo de fondos propios y pasivos admisibles previsto en el capítulo X, expresado en porcentaje del importe total de exposición al riesgo calculado de conformidad con el artículo 92.3 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, se sitúe en el segundo cuartil de los requisitos combinados de colchón, el factor será 0,2;
> c) Cuando el capital de nivel 1 ordinario, mantenido por la entidad, que no se utilice para cumplir los requisitos establecidos en el artículo 92 bis del Reglamento (UE) n.º 575/2013, ni para cumplir con el requerimiento mínimo de fondos propios y pasivos admisibles previsto en el capítulo X, expresado en porcentaje del importe total de exposición al riesgo calculado de conformidad con el artículo 92.3 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, se sitúe en el tercer cuartil de los requisitos combinados de colchón, el factor será 0,4;
> d) Cuando el capital de nivel 1 ordinario, mantenido por la entidad, que no se utilice para cumplir los requisitos establecidos en el artículo 92 bis del Reglamento (UE) n.º 575/2013, ni para cumplir con el requerimiento mínimo de fondos propios y pasivos admisibles previsto en el capítulo X, expresado en porcentaje del importe total de exposición al riesgo calculado de conformidad con el artículo 92.3, del Reglamento (UE) n.º 575/2013, se sitúe en el cuarto cuartil (es decir, el más alto) de los requisitos combinados de colchón, el factor será 0,6.
> Los límites inferior y superior de cada cuartil de los requisitos combinados de colchón se calcularán del siguiente modo:
> Donde Q<sub>N</sub> es el número ordinal del cuartil correspondiente.»
Siete. Se modifica el artículo 30, que pasa a tener el siguiente tenor literal:
###### «Artículo 30. Decisión conjunta sobre eliminación de obstáculos a la resolubilidad de grupos.
> 1. La decisión conjunta sobre las medidas oportunas para eliminar los obstáculos a la resolubilidad de un grupo a que se refiere el artículo 18 de la Ley 11/2015, de 18 de junio, se adoptará en el plazo máximo de cuatro meses desde que la empresa matriz del grupo envíe sus observaciones a las medidas propuestas por la autoridad de resolución preventiva para eliminar los obstáculos a la resolubilidad, en virtud del apartado 2 del artículo mencionado.
> En ausencia de observaciones durante el periodo de cuatro meses con el que cuenta la matriz del grupo en virtud del artículo 18.2 de la Ley 11/2015, de 18 de junio, la decisión conjunta deberá adoptarse en el plazo de un mes desde el término de dicho plazo.
> Cuando la decisión conjunta en relación con el obstáculo a la resolubilidad dimanare de una de las situaciones contempladas en el artículo 17.2 de la Ley 11/2015, de 18 de junio, dicho plazo será de quince días a partir de la fecha de recepción de las observaciones enviadas por la matriz del grupo.
> En todo caso, la decisión conjunta se motivará y expondrá en un documento que la autoridad de resolución preventiva a nivel de grupo facilitará a la empresa matriz.
> 2. La autoridad de resolución preventiva, de conformidad con el artículo 31.2.c) del Reglamento (UE) número 1093/2010, de 24 de noviembre de 2010, podrá solicitar la mediación de la Autoridad Bancaria Europea para alcanzar la decisión conjunta.
> 3. Si no se pudiera alcanzar una decisión conjunta en el plazo establecido en el apartado 1, la autoridad de resolución preventiva, cuando sea la autoridad de resolución a nivel de grupo, adoptará su propia decisión sobre las medidas que deban aplicarse a nivel de grupo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 apartado 2 bis y apartado 4 de la Ley 11/2015, de 18 de junio.
> Estas decisiones estarán plenamente motivadas y tendrán en cuenta las opiniones y reservas expresadas por las demás autoridades de resolución. La autoridad de resolución preventiva a nivel de grupo comunicará la decisión a la empresa matriz.
> Si, al final del periodo pertinente señalado en el apartado 1, una autoridad preventiva de resolución ha remitido un asunto de los mencionados en el apartado 6 a la Autoridad Bancaria Europea de conformidad con el artículo 19 del Reglamento (UE) número 1093/2010, de 24 de noviembre de 2010, la autoridad de resolución preventiva a nivel grupo aplazará su decisión en espera de la decisión que la Autoridad Bancaria Europea pueda adoptar de conformidad con el artículo 19.3 de dicho reglamento, y adoptará su decisión de conformidad con la decisión de la Autoridad Bancaria Europea. En estos casos, el período pertinente señalado en el apartado 1 se considerará el período de conciliación en el sentido del citado reglamento.
> El asunto no se remitirá a la Autoridad Bancaria Europea tras haber finalizado el periodo pertinente señalado en el apartado 1 del presente artículo o haberse adoptado una decisión conjunta. Si la Autoridad Bancaria Europea no adoptara una decisión, se aplicará la decisión de la autoridad de resolución preventiva a nivel de grupo.
> 4. Si no se pudiera alcanzar una decisión conjunta en el plazo establecido en el apartado 1, la autoridad de resolución preventiva de la entidad de resolución pertinente adoptará su propia decisión sobre las medidas que deban aplicarse a nivel de grupo de resolución de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 apartado 2 bis y apartado 4 de la Ley 11/2015, de 18 de junio.
> Estas decisiones estarán plenamente motivadas y tendrán en cuenta las opiniones y reservas expresadas por las demás autoridades de resolución de otras entidades del mismo grupo de resolución y de la autoridad de resolución a nivel de grupo. La autoridad de resolución preventiva pertinente comunicará la decisión a la entidad de resolución.
> Si, al final del periodo pertinente señalado en el apartado 1, una autoridad preventiva de resolución ha remitido un asunto de los mencionados en el apartado 6 a la Autoridad Bancaria Europea de conformidad con el artículo 19 del Reglamento (UE) número 1093/2010, de 24 de noviembre de 2010, la autoridad de resolución preventiva de la filial aplazará su decisión en espera de la decisión que la Autoridad Bancaria Europea pueda adoptar de conformidad con el artículo 19.3 de dicho reglamento, y adoptará su decisión de conformidad con la decisión de la Autoridad Bancaria Europea. En estos casos, el período pertinente señalado en el apartado 1 se considerará el período de conciliación en el sentido del citado reglamento.
> El asunto no se remitirá a la Autoridad Bancaria Europea tras haber finalizado el periodo pertinente señalado en el apartado 1 del presente artículo o haberse adoptado una decisión conjunta. Si la Autoridad Bancaria Europea no adoptara una decisión, se aplicará la decisión de la autoridad de resolución preventiva de la entidad de resolución.
> 5. Si no se pudiera alcanzar una decisión conjunta, las autoridades de resolución de las filiales que no sean entidades de resolución adoptarán sus propias decisiones sobre las medidas que deba adoptar cada una de las filiales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 apartado 2 bis y apartado 4 de la Ley 11/2015, de 18 de junio.
> La decisión estará plenamente motivada y deberá tener en cuenta las opiniones y reservas expresadas por las otras autoridades de resolución. La decisión se comunicará a la filial afectada y a la entidad de resolución del mismo grupo de resolución, a la autoridad de resolución de dicha entidad de resolución y, en caso de ser diferente, a la autoridad de resolución a nivel de grupo.
> Si, al final del periodo pertinente señalado en el apartado 1, una autoridad preventiva de resolución ha remitido un asunto de los mencionados en el apartado 6 a la Autoridad Bancaria Europea de conformidad con el artículo 19 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010, la autoridad preventiva de resolución de la filial aplazará su decisión en espera de la decisión que la Autoridad Bancaria Europea pueda adoptar de conformidad con el artículo 19.3, de dicho reglamento, y adoptará su decisión de conformidad con la decisión de la Autoridad Bancaria Europea. En estos casos, el período pertinente señalado en el apartado 1 se considerará el período de conciliación en el sentido del citado reglamento.
> El asunto no se remitirá a la Autoridad Bancaria Europea tras haber finalizado el periodo pertinente señalado en el apartado 1 del presente artículo o haberse adoptado una decisión conjunta. Si la Autoridad Bancaria Europea no adoptara una decisión, se aplicará la decisión de la autoridad de resolución preventiva de la filial.
> 6. En ausencia de una decisión conjunta en el período señalado en el apartado 1 sobre la adopción de cualquiera de las medidas previstas en el artículo 17.2 bis.g), h), o m) de la Ley 11/2015, de 18 de junio, la autoridad de resolución preventiva podrá solicitar a la Autoridad Bancaria Europea su asistencia para llegar a un acuerdo de conformidad con el artículo 19.3 del Reglamento (UE) número 1093/2010, de 24 de noviembre de 2010.
> 7. La autoridad de resolución preventiva reconocerá y aplicará las decisiones alcanzadas por otras autoridades de resolución en las que no haya sido partícipe.»
Ocho. Se introduce un nuevo apartado 2 bis en el artículo 32 con el siguiente contenido:
> «2 bis. Asimismo, notificará sin demora a las entidades previstas en el artículo 1.2.b), c) o d) de la Ley 11/2015, de 18 de junio, y a las autoridades previstas en el apartado anterior en caso de ejercer la facultad prevista en el artículo 70 ter de dicha ley una vez se haya determinado que la entidad es inviable o tiene probabilidad de serlo de acuerdo con el artículo 19.1.a) de dicha ley, y antes de tomar la decisión de resolución.»
Nueve. Se modifica el título del artículo 37, que pasa a tener el siguiente tenor literal:
###### «Artículo 37. Procedimiento para la exclusión, total o parcial, de ciertos pasivos o categorías de pasivos susceptibles de recapitalización interna.»
Diez. Los artículos 38 a 42 quedan sin contenido.
Once. Se modifica el artículo 46, que pasa a tener el siguiente tenor literal:
###### «Artículo 46. Conversión y amortización de los instrumentos de capital y pasivos admisibles pertinentes.
> 1. A fin de efectuar la conversión de los instrumentos de capital y pasivos admisibles pertinentes con arreglo al artículo 39.1.b) de la Ley 11/2015, de 18 de junio, el FROB podrá exigir a las entidades, que emitan instrumentos de capital ordinario de nivel 1 para los titulares de los instrumentos de capital definidos en la citada ley.
> 2. Los instrumentos de capital pertinentes únicamente podrán ser convertidos cuando se cumplan las siguientes condiciones:
> a) Que estos instrumentos de capital ordinario de nivel 1 sean emitidos por la entidad, o por una empresa matriz de la entidad, con el acuerdo del FROB, o, cuando proceda, de la autoridad de resolución de la empresa matriz.
> b) Que estos instrumentos de capital ordinario de nivel 1 sean emitidos con anterioridad a cualquier emisión de acciones u otros instrumentos de capital por parte de dicha entidad, a los efectos de aportación de fondos propios por parte del Estado o una entidad estatal.
> c) Que estos instrumentos de capital ordinario de nivel 1 sean asignados y transmitidos sin demora después del ejercicio de la competencia de conversión.
> d) Que el tipo de conversión que determina el número de instrumentos de capital ordinario de nivel 1 que se emiten respecto a cada instrumento de capital y pasivos admisibles pertinentes contemplados en el artículo 38.1 bis de la Ley 11/2015, de 18 de junio, se ajuste a los principios establecidos en el artículo 48.5 de dicha ley.»
Doce. Se modifican los apartados 1 y 4 del artículo 47, que pasan a tener el siguiente tenor literal:
> «1. El FROB, antes de determinar si se da alguna de las circunstancias contempladas en el artículo 38.2.b), c), d) o e) de la Ley 11/2015, de 18 de junio, en relación con una filial española que emita los instrumentos de capital, o los pasivos admisibles contemplados en el artículo 38.1 bis de dicha ley, computables a efectos del cumplimiento, con carácter individual, del requerimiento establecido en el artículo 80, o los instrumentos de capital pertinentes que se reconoce cumplen los requisitos de fondos propios en base individual o consolidada, deberá notificar que está planeado valorar si se dan las circunstancias contempladas en el artículo 38.2.b), c), d) o e) de la Ley 11/2015, de 18 de junio, previa consulta a la autoridad de resolución de la entidad de resolución pertinente, y en el plazo de 24 horas desde dicha consulta:
> a) Al supervisor en base consolidada y, si son diferentes, a la autoridad de resolución del Estado miembro en el que esté situado el supervisor en base consolidada;
> b) A las autoridades de resolución de otras entidades del mismo grupo de resolución que hayan adquirido directa o indirectamente los pasivos a que se refiere el artículo 80.3, de la entidad sujeta a lo dispuesto en el apartado 1 de dicho artículo.
> Cuando el FROB se esté planteando proceder a la comprobación contemplada en el artículo 38.2.c) de la Ley 11/2015, de 18 de junio, lo notificará sin demora a la autoridad competente responsable de cada entidad contemplada en el artículo 1.2.b), c) o d) de dicha ley que haya emitido los instrumentos de capital pertinentes sobre los que deben ejercerse las facultades de amortización o conversión en caso de que, efectivamente, efectuara tales comprobaciones, y, si son diferentes, a las autoridades apropiadas del Estado miembro en el que estén situados dichas autoridades competentes y el supervisor en base consolidada.»
> «4. El FROB, tras efectuar la notificación con arreglo al apartado 1, previa consulta a las autoridades notificadas, de conformidad con la letra a) y el párrafo final de dicho apartado, evaluará los siguientes aspectos:
> a) Si existe una medida alternativa al ejercicio de la competencia de amortización o conversión prevista en el artículo 38.2 de la Ley 11/2015, de 18 de junio.
> b) En caso de existir dicha medida alternativa, si puede aplicarse adecuadamente.
> c) En el caso de que sea posible aplicar la medida alternativa, si existen perspectivas realistas de que, en un plazo adecuado, pueda solventar las circunstancias que, de otro modo, requerirían aplicar lo dispuesto en el artículo 38.2 de la Ley 11/2015, de 18 de junio.»
Trece. Se modifica el artículo 57.1, que pasa a tener el siguiente tenor literal:
> «1. Cuando las autoridades nacionales de resolución españolas actúen como autoridades de resolución a nivel de grupo, la autoridad de resolución preventiva competente, constituirá colegios de autoridades de resolución que desempeñen las funciones previstas en los artículos 14, 16, 18, 20.3 y 44 de la Ley 11/2015, de 18 de junio.
> En todo caso, el FROB y la autoridad de resolución preventiva competente, cooperarán mutuamente y se coordinarán con las autoridades de resolución de terceros países para participar en los colegios de autoridades de resolución que se constituyan.»
Catorce. Se modifica la letra a) del artículo 58.1., que pasa a tener el siguiente tenor literal:
> «a) El FROB y la autoridad de resolución preventiva competente, en cuanto autoridades de resolución a nivel de grupo. La presidencia del Colegio de Resolución corresponderá al FROB o a la autoridad de resolución preventiva competente en función de la fase de resolución en la que se enmarquen las decisiones a adoptar por el Colegio de Resolución. La presidencia por parte de la autoridad de resolución preventiva del Colegio de Resolución en la fase preventiva de la resolución constituye la única excepción a la competencia general del FROB de ser la autoridad de contacto internacional prevista en el artículo 58.1 de la Ley 11/2015.»
Quince. Se modifica el primer párrafo del apartado 1 del artículo 59, que pasa a tener el siguiente tenor literal:
> «1. En cuanto presidente del colegio de autoridades de resolución, el FROB y la autoridad preventiva de resolución competente tendrán las siguientes competencias:»
Dieciséis. Se modifica el artículo 60, que pasa a tener el siguiente tenor literal:
###### «Artículo 60. Exención de la obligación de constituir un colegio de autoridades de resolución.
> Ni el FROB ni la autoridad de resolución preventiva, en cuanto autoridad de resolución a nivel de grupo, estarán obligados a constituir un colegio de autoridades de resolución si ya existen otros grupos o colegios con las mismas funciones y sometidos a un mismo régimen de organización y participación que el de los colegios de autoridades de resolución. En estos casos, cualquier referencia a los colegios de autoridades de resolución de la Ley 11/2015, de 18 de junio, y de su normativa de desarrollo, se considerará asimismo hecha a tales grupos o colegios.»
Diecisiete. Se modifica el artículo 61, que pasa a tener el siguiente tenor literal:
###### «Artículo 61. Colegios de autoridades de resolución europeos.
> 1. Cuando una entidad o una empresa matriz de un tercer país cuente con filiales o empresas matrices establecidas en España y en otro u otros Estados miembros, o dos o más sucursales situadas en la Unión Europea que se consideren significativas por España y por otro u otros Estados miembros, las autoridades de resolución de los Estados miembros en los que están establecidas dichas entidades o donde estén establecidas tales sucursales significativas constituirán un colegio de autoridades de resolución europeo.
> 2. El colegio de autoridades de resolución europeo a que se refiere el apartado 1 desempeñará las funciones y realizará los cometidos expuestos en el artículo 57, respecto de las entidades a que se refiere el apartado anterior, y, en la medida en que dichos cometidos resulten procedentes, respecto de sus sucursales.
> Los cometidos a que se refiere el párrafo primero incluirán la fijación del requerimiento mínimo de fondos propios y pasivos admisibles previsto en el capítulo X. A la hora de fijar este requisito, las autoridades de resolución competentes, como miembros del colegio de autoridades de resolución europeo, asegurará que se tenga en cuenta la estrategia de resolución global adoptada, en su caso, por las autoridades de terceros países.
> Cuando, de conformidad con la estrategia de resolución global, las filiales establecidas en la Unión Europea o una empresa matriz establecida en la Unión Europea y sus entidades filiales no sean entidades de resolución y los miembros del colegio de autoridades de resolución europeo estén de acuerdo con dicha estrategia, las filiales establecidas en la Unión o, en base consolidada, la empresa matriz establecida en la Unión Europea, deberá cumplir el requisito del artículo 80.1, mediante la emisión de instrumentos contemplados en el artículo 80.3.a) y b), dirigidos a su empresa matriz final establecida en un tercer país, o a sus filiales establecidas en el mismo tercer país o a otras entidades sujetas a las condiciones previstas en el artículo 80.3.a).1.º y en el artículo 80.3.b).2.º
> 3. Cuando todas las filiales establecidas en la Unión Europea, de una entidad de un tercer país, o de una empresa matriz de un tercer país pertenezcan a una sola empresa matriz establecida en la Unión Europea, el colegio de autoridades de resolución europeo estará presidido por la autoridad de resolución del Estado miembro donde esté establecida la empresa matriz.
> Cuando no sea aplicable el párrafo primero, la autoridad de resolución de una empresa matriz de la Unión o de una filial de la Unión con el valor más alto de activos totales dentro del balance mantenidos presidirá el colegio de autoridades de resolución europeo.
> En el supuesto de que la supervisión consolidada corresponda a una autoridad supervisora española, la autoridad de resolución competente presidirá el colegio de resolución en función de la fase de resolución en la que se enmarquen las decisiones a adoptar por el colegio de resolución europeo. La presidencia por parte de la autoridad de resolución preventiva del colegio de resolución europeo en la fase preventiva de la resolución constituye la única excepción a la competencia general del FROB de ser la autoridad de contacto internacional prevista en el artículo 58.1 de la Ley 11/2015.
> 4. Mediante acuerdo mutuo de todas las partes interesadas, se podrá exceptuar la obligación de constituir un colegio de autoridades de resolución europeo si existen otros grupos o colegios con las mismas funciones y sometidos a un mismo régimen de organización y participación siempre que se ajuste a todos los procedimientos y condiciones fijados en el presente artículo y en los artículos 57 y 58 de la Ley 11/2015, de 18 de junio, incluidos los relativos a la pertenencia a los colegios de autoridades de resolución y a la participación en estos. En tal caso, toda referencia a los colegios europeos de autoridades de resolución de la Ley 11/2015, de 18 de junio, y de su normativa de desarrollo, se considerará hecha a tales grupos o colegios.
> 5. Sin perjuicio de los apartados 3 y 4, el colegio de autoridades de resolución europeo funcionará con arreglo a lo dispuesto en el artículo 57.»
Dieciocho. Se modifica el párrafo segundo del artículo 67.1, que pasa a tener el siguiente tenor literal:
> «Será de aplicación en el supuesto previsto en el párrafo anterior, lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley 11/2015, de 18 de junio.»
Diecinueve. Se crea un nuevo capítulo X con el siguiente contenido:
Texto oficial de Real Decreto 1041/2021, de 23 de noviembre, por el que se modifican el Real Decreto 2606/1996, de 20 de diciembre, sobre fondos de garantía de depósitos de entidades de crédito; y el Real Decreto 1012/2015, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, y por el que se modifica el Real Decreto 2606/1996, de 20 de diciembre, sobre fondos de garantía de depósitos de entidades de crédito (BOE-A-2021-19307). No constituye asesoramiento jurídico. Consulta la versión consolidada en boe.es.
