TÍTULO I. Aprendizaje, conocimiento y uso de la lengua de signos española · CAPÍTULO II. Uso de la lengua de signos española
Artículo 14. Relaciones con las administraciones públicas.
1. Las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, promoverán la prestación de servicios de interpretación, videointerpretación, guía-interpretación y mediación comunicativa en lengua de signos española a las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, que lo soliciten, en sus relaciones con las mismas, incluyendo las relaciones con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y con los servicios de intervención y asistencia en emergencias de protección civil.
2. Las administraciones públicas promoverán la atención adecuada y el respeto al uso de la lengua de signos española a través de la formación del personal.
3. Las administraciones públicas garantizarán la plena accesibilidad en lengua de signos española a los servicios de atención no presencial de las administraciones públicas, a través de servicios de videointerpretación en lengua de signos española.
4. Se asegurará la comunicación e información en lengua de signos española en todos aquellos servicios específicos que estén a disposición de la ciudadanía en situaciones de emergencias o crisis, incluidos los estados de alarma, excepción y sitio. Para ello se elaborarán protocolos de actuación en los que se garantice la accesibilidad a la información y comunicación para las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.
5. Las administraciones públicas promoverán las condiciones adecuadas para la comunicación a través de servicios de interpretación, guía-interpretación y mediación comunicativa en lengua de signos española, con objeto de hacer accesible la comunicación en las actuaciones notariales, registrales, en los procedimientos administrativos y en los procesos judiciales y extrajudiciales de todos los órdenes jurisdiccionales en los que intervengan personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, en aplicación de lo dispuesto en las leyes sustantivas y procesales vigentes en cada materia.
6. Se elaborarán protocolos de actuación conjunta entre la administración de justicia y la penitenciaria que aseguren la continuidad de la atención accesible en lengua de signos española a las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.
7. Las instituciones penitenciarias, así como aquellas en las que se cumplan medidas de seguridad que comporten privación de libertad, dispondrán de servicios de interpretación, videointerpretación y guía-interpretación en lengua de signos española y de mediadores en la comunicación para garantizar la comunicación de la población reclusa que así lo precise. En todo caso, contarán con servicios de interpretación, videointerpretación y guía-interpretación, así como con la figura profesional del mediador comunicativo en las siguientes fases del proceso de internamiento:
a) En todas las actuaciones del ingreso en prisión.
b) Cuando se le facilite la información que deba conocer el interno sobre su situación penal-penitenciaria, familiar o de otra índole.
c) En la atención sanitaria que reciba la persona interna, dentro y fuera del centro penitenciario.
8. En los centros penitenciarios se implementarán sistemas de alerta visuales y protocolos de seguridad que incorporen la lengua de signos española. Los materiales informativos con los que cuenten los internos serán facilitados en lengua de signos a las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.
9. Se elaborarán protocolos de detención y atención e información accesibles, seguros y respetuosos con las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas que garanticen la comunicación en lengua de signos española con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Texto oficial de Real Decreto 674/2023, de 18 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de las condiciones de utilización de la lengua de signos española y de los medios de apoyo a la comunicación oral para las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas (BOE-A-2023-16650). No constituye asesoramiento jurídico. Consulta la versión consolidada en boe.es.
