Artículo 1. Modificación del Real Decreto 640/2021, de 27 de julio, de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, y acreditación institucional de centros universitarios.
El Real Decreto 640/2021, de 27 de julio, de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, y acreditación institucional de centros universitarios, queda modificado como sigue:
Uno. Se modifica el artículo 2, que queda redactado como sigue:
###### «Artículo 2. Denominaciones: Universidad y centros universitarios.
> 1. Podrán denominarse “universidades” únicamente aquellas instituciones que hayan sido creadas o reconocidas de conformidad con la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario, y que cumplan con lo establecido en este real decreto.
> 2. Podrán denominarse “centros universitarios” aquellos que hayan sido creados o reconocidos como tales de conformidad con Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, y cuyas denominaciones podrán ser las de Facultades, Escuelas, Institutos Universitarios de Investigación o Escuelas de Doctorado, así como aquellos otros centros o estructuras necesarios para el desarrollo de las funciones que le son propias a la universidad. Dichos centros podrán ser propios o adscritos. En ningún caso una universidad podrá tener centros propios o centros adscritos que no tengan por objeto la impartición de títulos oficiales de Grado, Máster Universitario y programas de Doctorado y el desarrollo de labores de investigación, o sean centros exclusivamente dedicados a actividades de investigación y de transferencia. Estos centros adscritos también podrán desarrollar actividades de formación permanente. Asimismo, las universidades podrán tener centros específicos dedicados a la impartición de actividades de formación permanente.
> 3. La denominación de “universidad” y de “centros universitarios” queda exclusivamente referida a lo estipulado en los apartados 1 y 2 del presente artículo. En ningún caso podrán utilizarse estas u otras denominaciones que por su significado puedan inducir a confusión por parte de cualesquiera personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que no cumplan con lo dispuesto en este real decreto, incluidas las referencias a estos términos en otros idiomas.
> 4. En todo caso, tendrán la condición de “universidades de especiales características” en virtud de la habilitación contenida en el artículo 4.2 de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, en relación con la disposición adicional novena de la mencionada ley orgánica, y a fin de garantizar la calidad homogénea de sus enseñanzas para todo el estudiantado con independencia de su lugar de residencia, aquellas universidades que impartan más del 80 por ciento de su actividad docente en títulos oficiales de Grado, Máster Universitario y programas de Doctorado bajo el modelo docente virtual, o híbrido, entendida dicha actividad como la suma total de los créditos ECTS de toda su oferta académica.»
Dos. Se modifica el apartado 1 del artículo 3, que queda redactado como sigue:
> «1. La creación de las universidades públicas y el reconocimiento de las universidades privadas, que en este último caso tendrá carácter constitutivo, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, se llevará a cabo:
> a) Por Ley de la Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma en cuyo territorio vaya a ubicarse, previo informe preceptivo de la Conferencia General de Política Universitaria. La propuesta de dicho informe será elaborada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
> b) Por Ley de las Cortes Generales a propuesta del Gobierno, de acuerdo con el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma en cuyo ámbito territorial haya de establecerse la sede oficial cuando se trate de universidades de especiales características, y previo informe preceptivo de la Conferencia General de Política Universitaria. La propuesta de dicho informe será elaborada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.»
Tres. Se modifica el artículo 4, que queda redactado como sigue:
###### «Artículo 4. Condiciones, requisitos y procedimiento para la creación y reconocimiento de una universidad o un centro universitario en el sistema universitario español.
> 1. Además de lo previsto por la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, para la creación o reconocimiento, según proceda, de una universidad y de la normativa que, en su caso, establezcan las Comunidades Autónomas en ejercicio de sus competencias, deberán cumplirse las condiciones y los requisitos establecidos en el presente real decreto en relación con su actividad docente, su actividad investigadora y de transferencia del conocimiento, su personal docente e investigador, experiencia previa en gestión universitaria del equipo encargado de la dirección y gestión de la universidad o centro, y la disponibilidad y características de las instalaciones y equipamientos.
> 2. Para iniciar el proceso de creación o de reconocimiento de una universidad o, en su caso, de un centro universitario, y su posterior autorización para el inicio de las actividades académicas, deberá presentarse una memoria o documentación (en adelante, Memoria) justificativa del cumplimiento de las condiciones y requisitos exigidos por este real decreto y, de igual modo, por la normativa de la Comunidad Autónoma en la que se ubicaría la sede de la universidad o en su caso el centro. Dicha Memoria deberá presentarse ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma correspondiente, salvo para la creación o reconocimiento de las universidades de especiales características a las que se hace referencia en el artículo 2.4 de este real decreto, en cuyo caso deberá presentarse ante el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
> 3. En el supuesto de que el procedimiento se inicie ante la Comunidad Autónoma donde vaya a ubicarse su sede oficial, esta solicitará el informe preceptivo y vinculante de oficio a su agencia correspondiente de evaluación de la calidad e inscrita en el Registro Europeo de Agencias de Calidad (European Quality Assurance Register, EQAR), o, en caso de no disponer de esta, al organismo autónomo Agencia Nacional de Evaluación de Calidad y Acreditación (en adelante, la ANECA).
> En el caso de las universidades de especiales características a que se hace referencia en el artículo 2.4, con la excepción establecida en la disposición adicional décima cuarta de este real decreto, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades solicitará de oficio dicho informe preceptivo y vinculante a la ANECA.
> 4. El informe de las agencias valorará la calidad global del proyecto presentado de conformidad con los requisitos y exigencias estipulados en este real decreto y analizará, entre otros extremos, la calidad de la oferta docente; la disponibilidad, características y adecuación de la plantilla de profesorado que sustenta esa actividad docente e investigadora y que se compromete la entidad promotora del proyecto universitario a contratar; la dotación de equipamientos e instalaciones para la docencia, la investigación y la transferencia, de servicios y de gestión; y la solvencia de la programación plurianual de la investigación y la transferencia de la universidad.
> 5. La agencia de calidad dispondrá de un plazo máximo de un año desde la recepción de la solicitud para la emisión y evacuación de este informe a la Comunidad Autónoma o, en su caso, al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
> Los promotores podrán subsanar las faltas en que incurra la solicitud, en los términos previstos en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
> En todo caso, se sustanciará un trámite de audiencia a los interesados, a fin de que estos puedan alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes, en los términos previstos en el artículo 82 de Ley 39/2015, de 1 de octubre.
> La falta de evacuación del informe de la agencia de calidad correspondiente en el plazo señalado a la Comunidad Autónoma o, en su caso, al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, implicará el carácter desfavorable del mismo.
> 6. Si el informe de la agencia correspondiente fuera favorable, se remitirá la Memoria de la propuesta para crear o reconocer una universidad al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para la elaboración de la propuesta de informe preceptivo que se elevará a la Conferencia General de Política Universitaria. De dicho informe se dará traslado a la Comunidad Autónoma, al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y al solicitante de la creación o reconocimiento de la universidad.
> Si el informe de la agencia correspondiente fuera desfavorable o este no se hubiera emitido en el plazo a que hace referencia el apartado anterior, el órgano competente de la Comunidad Autónoma o, en su caso, del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, dictará resolución denegatoria que pondrá fin al procedimiento administrativo de solicitud de creación o de reconocimiento de una universidad, notificándose esta al interesado, que no podrá volver a presentar una nueva solicitud hasta transcurridos, al menos, dos años desde la fecha de la notificación de dicha resolución.
> 7. La propuesta de informe preceptivo que elabora el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para la Conferencia General de Política Universitaria prestará especial atención a la sostenibilidad económica de la propuesta. Igualmente, verificará el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 96.2 de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo. El informe de la Conferencia General de Política Universitaria se evacuará en un plazo máximo de seis meses desde el inicio del procedimiento.
> 8. De conformidad con la normativa aplicable a la creación de órganos colegiados, se crearán, en las agencias de calidad, comisiones de evaluación específicas para emitir el informe de evaluación de la calidad global de la propuesta de creación o reconocimiento de una universidad, con una composición que garantice una mayoría de miembros procedentes de los siguientes colectivos de profesorado: catedráticos o catedráticas de universidad, profesores o profesoras titulares de universidad, profesores o profesoras permanentes laborales, y profesorado permanente acreditado a las anteriores figuras en el caso de las universidades privadas, que cuenten con experiencia de gestión universitaria, entendida como el previo desempeño de cargos académicos unipersonales o la dirección o la responsabilidad de servicios y unidades de la universidad. Los miembros citados anteriormente serán elegidos por sorteo de un único conjunto conformado por estos colectivos de profesorado pertenecientes a las universidades españolas. Dicha composición respetará el principio de presencia equilibrada, de conformidad con la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.»
Cuatro. Se modifican los apartados 1 y 3, 4, 5, 6, 7, y 8 del artículo 5, y se introducen los nuevos apartados 9 y 10, como se indica a continuación:
> «1. Las universidades deberán disponer de una oferta académica conformada, al menos, por diez títulos oficiales de Grado, seis títulos oficiales de Máster y tres programas oficiales de Doctorado. En el total de esta oferta académica deben estar representadas al menos tres de las cinco ramas de conocimiento existentes (Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas e Ingeniería y Arquitectura).»
> «3. En la Memoria deberá incluirse un plan de desarrollo de la programación universitaria que incluya tanto las titulaciones que se ofertarán al inicio de la actividad académica oficial, como aquellas otras que conformarán una planificación a los cinco años del inicio de la actividad docente. No obstante, en caso de proponerse durante estos primeros cinco años de actividad titulaciones oficiales diferentes a las recogidas en la Memoria, estas requerirán autorización previa expresa de la Comunidad Autónoma correspondiente o, en el caso de aquellas de especiales características, del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, e informe preceptivo de la Conferencia General de Política Universitaria para ambos casos. De igual modo, en este plan se deberá indicar como mínimo: el calendario de implantación de la oferta académica, la puesta en funcionamiento de los centros en cuya oferta se incorporarán las diversas titulaciones, el número de plazas para cada título que se ofrecerán, y las instalaciones y equipamientos necesarios para el desarrollo adecuado y de calidad de la actividad formativa. Asimismo, se fijarán los procedimientos y órganos responsables de emitir los informes de seguimiento de la calidad anuales de cada una de las titulaciones oficiales.
> 4. La Memoria presentada para la creación o reconocimiento de una universidad deberá cumplir el requisito de que el plan de desarrollo de las titulaciones oficiales de Grado, Máster Universitario y Doctorado, que deberá figurar en ella, incluya la previsión de que a los seis años del inicio de su actividad el número de estudiantes matriculados en dichas titulaciones oficiales supere los 4.500. La Comunidad Autónoma, o el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades en el caso de las universidades de especiales características, deberá corroborar que la universidad cumpla con este requisito.
> 5. En todo caso, después de seis años del inicio de las actividades académicas oficiales de una universidad, el estudiantado de Grado y de dobles titulaciones con itinerario específico de Grado deberá suponer como mínimo el 50 por cien del total del estudiantado matriculado en enseñanzas oficiales de dicha institución de educación superior. Con objeto de potenciar la internacionalización de las universidades, en el caso de aquellas en las que el porcentaje de estudiantes extranjeros matriculados en el conjunto de títulos oficiales de Máster Universitario que oferta sea superior al 50 por ciento del total del estudiantado matriculado en estas enseñanzas oficiales, se establece en un 35 por ciento el límite mínimo de estudiantes matriculados en títulos oficiales de Grado y de dobles titulaciones con itinerario específico de Grado con relación al total del estudiantado matriculado en el conjunto de las enseñanzas oficiales en dicha universidad.
> 6. Las universidades cuya oferta docente vaya a ser mayoritariamente impartida en modalidad virtual deberán especificar, para cada título oficial: si se articulará desde el punto de vista docente de forma sincrónica o asincrónica, o conjugando las dos modalidades (en este último caso deberán indicar la proporción de créditos/horas de impartición y/o los grupos en cada modalidad); la plataforma tecnológica que se utilizará como campus virtual docente y sus principales características técnicas y funcionales; el tipo de equipamientos e instalaciones tecnológicas de que se dispondrá para el funcionamiento de la actividad formativa; los equipamientos informáticos de que deberá disponer el estudiantado para el desarrollo adecuado de su actividad (especificándose expresamente si la evaluación será presencial o virtual, o, en caso de combinarlas, qué peso en la evaluación tendrán las pruebas presenciales y las virtuales); los sistemas de evaluación generales del aprendizaje y progreso del estudiantado; los sistemas de prácticas académicas externas, con indicación de si serán virtuales o presenciales, garantizando estas universidades que las prácticas externas tengan carácter presencial en aquellos títulos que así lo exija su memoria del plan de estudios o lo dispongan normativas internas, estatales o directrices de la Unión Europea; detalle de los mecanismos y sistemas de tutoría; y la programación que se desplegará desde el inicio y en los años sucesivos de formación del profesorado en habilidades técnicas y competencias docentes no presenciales. Asimismo, se deberá consignar detalladamente los requisitos y exigencias de calidad del conjunto de la oferta universitaria virtual o híbrida, y la forma en la que se articulará el seguimiento de las titulaciones y la coordinación académica de cada una de ellas.
> 7. Las universidades, en el ejercicio de sus competencias y desarrollo de sus funciones formativas a lo largo de la vida, podrán impulsar, de igual modo, enseñanzas propias, en especial programas docentes de formación permanente. En este sentido, el número total de créditos matriculados en una universidad en títulos propios de formación permanente no podrá superar en dos veces el número total de créditos matriculados en títulos oficiales. Asimismo, los títulos propios de formación permanente con la denominación de “Máster de Formación Permanente en” deberán contar obligatoria y previamente a su aprobación y activación por parte de la universidad, con un informe favorable del sistema interno de garantía de la calidad de la correspondiente universidad o centro.
> 8. Las universidades deberán asegurar la calidad de toda su oferta académica (oficial y propia, incluyéndose en esta la formación permanente) a través de los sistemas internos de garantía de la calidad de sus centros, que deberán ser certificados por la ANECA o por la agencia de calidad de la Comunidad Autónoma en cuyo territorio se haya establecido la universidad, guiándose por los Criterios y Directrices para la Garantía de Calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior (*Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area*, ESG). En concreto, en la Memoria de la propuesta de creación o reconocimiento de una universidad, se incorporará el compromiso para cada centro de certificar el diseño de este sistema en un plazo máximo de un año y la implantación de dichos centros en un plazo máximo de dos años, y la temporalidad y funciones específicas del mismo.
> 9. Las universidades deberán incorporar a la Memoria una estrategia detallada, los recursos económicos que se destinarán para alcanzar los objetivos propuestos y una programación pormenorizada para promover la internacionalización de sus actividades académicas y la movilidad del estudiantado y del profesorado.
> 10. Las universidades deberán incorporar como requisito a la Memoria la relación de compromisos por escrito con empresas, instituciones y organizaciones en las que vayan a desarrollarse las prácticas académicas externas del estudiantado de los títulos oficiales de Grado y de Máster Universitario, y de los que se derivarán los futuros convenios de colaboración u otros instrumentos jurídicos para la implementación de esas prácticas.»
Cinco. Se modifican los apartados 2, 3 y 4 del artículo 6, y se introduce un nuevo apartado 5, quedando redactados del modo siguiente:
> «2. Será un requisito indispensable que la Memoria a la que se refiere el artículo 4.2 incluya una programación plurianual detallada de la actividad investigadora del personal docente e investigador cuyas áreas científicas deberán ser coherentes con las titulaciones de Grado y de Máster Universitario y, especialmente, con los programas de Doctorado que se desarrollen, como mínimo para los seis años que sigan al inicio de la actividad.
> 3. Dicha programación deberá incluir los grupos de investigación que inicialmente se constituirán y los que se prevea constituir en los cuatro primeros años de funcionamiento de la universidad, la dotación de equipamientos e infraestructuras científico-técnicas disponibles y aquellas que se prevean de tal modo que viabilicen y garanticen el desarrollo de la programación plurianual investigadora, la participación prevista en proyectos de investigación competitivos (autonómicos, estatales e internacionales) y los mecanismos para incentivarla en el personal docente e investigador, el detalle de los recursos presupuestarios propios destinados al fomento de la investigación (específicamente los que se destinarán a programas y convocatorias propias de investigación). Asimismo, deberán incorporarse los recursos que se destinarán a financiar los grupos de investigación que inicialmente se constituirán, las medidas que se pretenden ejecutar para la captación de talento nacional e internacional, y las estrategias de colaboración con los sectores productivos e institucionales mediante la transferencia del conocimiento y la innovación. Por último, deberá detallarse el sistema de indicadores que la universidad desarrollará para el seguimiento de las actividades investigadoras, que debe ser contrastable con los criterios utilizados por la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI) y la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad de Transferencia (CNEAT) para la evaluación de los sexenios de investigación y de transferencia (o en su caso, por las agencias que puedan implementar estas evaluaciones), y con los criterios utilizados por ANECA y las agencias de calidad de las Comunidades Autónomas para la acreditación del profesorado universitario.
> 4. En este sentido, las universidades deberán dedicar al menos un 5 por ciento de su presupuesto total, entendido como el importe neto de la cifra de negocios en el caso de las universidades privadas, y como el importe del total de los ingresos en el caso de las universidades públicas, a un programa o programas propio/s de incentivación de la investigación y de transferencia de conocimiento (o a programas conjuntos con otras universidades), dado que esta actividad constituye una de las finalidades esenciales de estas. En este porcentaje podrán incluirse los costes derivados de la contratación de recursos humanos dedicados exclusivamente a tareas de investigación y transferencia de conocimiento y a las unidades y servicios de apoyo a la gestión de la investigación, y no a docencia, de las convocatorias propias de proyectos, de las inversiones en infraestructuras científico-técnicas (quedan excluidos en este cómputo el aulario, edificios de despachos de profesorado o edificios de servicios generales como bibliotecas o despachos centrales de gestión administrativa, técnica o económica), de la amortización de equipos de investigación y de la adquisición de recursos bibliográficos y documentales físicos o virtuales para investigación, así como el personal contratado con carácter temporal específicamente para labores de investigación. No se podrán incluir los costes derivados de la remuneración de los salarios de la plantilla de personal docente e investigador ni del personal técnico, de gestión, administración y servicios. En la Memoria deberán indicarse tanto los valores y porcentajes en el momento de inicio de la actividad, como su proyección en los siguientes seis años.
> 5. Adicionalmente, las universidades deberán captar en convocatorias, programas y contratos de investigación y de transferencia de conocimiento (I+D+I), incluidas las Cátedras universitarias y la valorización de patentes, como mínimo el equivalente al 2 por ciento de su presupuesto total anual entendido como el importe neto de la cifra de negocios en el caso de las universidades privadas, y como el importe del total de los ingresos en el caso de las universidades públicas. Si no se llegase a ese porcentaje, las Comunidades Autónomas, o en su caso el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, apercibirán a la universidad y acordarán con ella las medidas necesarias para alcanzarlo, que serán de obligado cumplimiento para la universidad. El mantenimiento de la situación de incumplimiento, trascurrido el plazo de dos años desde el establecimiento de las medidas, será motivo de revocación de la autorización de actividad de la universidad.»
Seis. Se modifica el artículo 7, que queda redactado como sigue:
###### «Artículo 7. Condiciones y requisitos para la creación y reconocimiento de una universidad con relación al personal docente e investigador.
> 1. Las condiciones y los requisitos que en el presente artículo se refieren al personal docente e investigador serán de aplicación obligatoria a todo aquel personal que imparta docencia en las titulaciones oficiales.
> 2. El personal docente e investigador de todas las universidades se regirá por lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, y por las previsiones contenidas en este artículo.
> 3. El personal docente e investigador de las universidades públicas con contrato laboral temporal no podrá exceder de lo establecido en el párrafo segundo del artículo 64.3 en la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo. En lo concerniente a las universidades públicas, se tendrá en cuenta lo siguiente:
> a) El profesorado funcionario será mayoritario, computado en equivalencias a tiempo completo, sobre el total de personal docente e investigador de la universidad.
> b) No se computará como profesorado laboral a quienes no tengan responsabilidades docentes en las enseñanzas conducentes a la obtención de los títulos universitarios oficiales, ni al personal propio de los institutos de investigación adscritos a la universidad y de las escuelas de doctorado.
> c) El profesorado con contrato laboral temporal no podrá superar el 8 por ciento en efectivos de la plantilla de personal docente e investigador. No se computará como tal el profesorado asociado de Ciencias de la Salud y el profesorado ayudante doctor.
> 4. El número total de miembros del personal docente e investigador en una universidad, con independencia de la naturaleza jurídica de esta, no será inferior al que resulte de aplicar la relación 1/25 respecto al número total de estudiantes matriculados en enseñanzas universitarias de carácter oficial. Esta ratio se entenderá referida a personal docente e investigador computado en régimen de dedicación a tiempo completo o su equivalente a tiempo parcial.
> 5. La ratio fijada en el apartado 4 podrá modularse cuando la universidad imparta enseñanzas en la modalidad virtual, pudiendo oscilar entre 1/25 y 1/50 en función del nivel de experimentalidad de las titulaciones y de la mayor o menor presencialidad –pudiéndose establecer excepciones justificadas, que en ningún caso podrán superar la ratio 1/100, que deberán contar con autorización expresa de la Administración competente–. Este criterio se aplicará en la parte no presencial de las titulaciones impartidas en modalidad híbrida.
> 6. El personal docente e investigador que imparta docencia en todas las universidades, con independencia de la naturaleza jurídica, estará compuesto, como mínimo, por un 50 por ciento de doctores y doctoras para el conjunto de enseñanzas correspondientes a la obtención de un título universitario oficial de Grado y para el conjunto de enseñanzas correspondientes a la obtención de un título universitario oficial de Máster. Este porcentaje se aplicará sobre la totalidad de la plantilla de profesorado que interviene en la impartición de docencia en Grado y Máster Universitario, es decir, tanto del profesorado permanente como temporal, sea este a tiempo completo o parcial, y se computará sobre el equivalente en dedicación a tiempo completo.
> 7. La totalidad del profesorado de todas las universidades encargado de la impartición de programas de Doctorado deberá estar en posesión del título de Doctorado.
> 8. Los doctores y doctoras a los que se hace referencia en los apartados anteriores deberán pertenecer a ámbitos de conocimiento que sean coherentes con la programación docente e investigadora de la universidad que imparten o desarrollan.
> 9. A efectos de los porcentajes señalados en los apartados previos, no se computará el profesorado asociado de Ciencias de la Salud.
> 10. El profesorado que no tenga el título de doctor o doctora deberá estar en posesión, al menos, del título de licenciado o licenciada, arquitecto o arquitecta, ingeniero o ingeniera, graduado o graduada, o equivalente a los mismos, excepto cuando la actividad docente a realizar corresponda a áreas de conocimiento para las que el Consejo de Universidades haya determinado, con carácter general, la suficiencia del título de diplomado o diplomada, arquitecto técnico o arquitecta técnica, o ingeniero técnico o ingeniera técnica. En este supuesto, y para la actividad docente en dichas áreas específicas y de forma coherente con la naturaleza académica de las asignaturas a impartir, será suficiente con que el profesorado esté en posesión de alguno de estos últimos títulos.
> 11. El profesorado de las universidades privadas y de los centros privados de enseñanza universitaria adscritos a universidades, no podrá ser personal funcionario de un cuerpo docente universitario en situación activa y destino en una universidad pública, así como tampoco personal docente e investigador laboral a tiempo completo en la misma situación.
> 12. Las universidades con docencia exclusiva o mayoritaria no presencial (más del 80 por ciento de sus créditos de títulos oficiales impartidos virtualmente) con sede social en España y que quieran impartir titulaciones universitarias oficiales evaluadas favorablemente en su momento por las agencias de aseguramiento de la calidad españolas y aprobadas por los órganos competentes, deberán garantizar en su Memoria de creación o de reconocimiento el compromiso explícito de que por lo menos el 75 por ciento del personal docente e investigador resida en España o en algún Estado de la Unión Europea, computado en equivalente a tiempo completo, para garantizar la calidad académica, la colaboración y coordinación del profesorado en la preparación de las asignaturas y el seguimiento del aprendizaje del estudiantado, así como que el nivel formativo y las condiciones del profesorado sean homologables a las del conjunto del sistema universitario español. Este precepto no será de aplicación a un centro universitario de una universidad española ubicado en otro país.
> 13. Para acreditar los requisitos previstos en este artículo, en la Memoria se deberá detallar la plantilla del personal docente e investigador con la que se contará al comienzo de la actividad académica oficial, así como la previsión y compromiso explícito de su incremento anual hasta la implantación total de las correspondientes enseñanzas, señalando los perfiles y las principales características del profesorado que conforme la plantilla inicial y la final una vez desplegadas las titulaciones oficiales que se ponen en funcionamiento con el inicio de la actividad de la universidad. Por plantilla en la Memoria se entiende la relación no nominal de puestos de trabajo de personal docente e investigador, su categoría, área de conocimiento o de especialidad, tipo de vinculación jurídica y régimen de dedicación, nivel formativo (entre otros elementos posesión del grado de Doctor/a), de todo el profesorado que impartirá docencia en títulos oficiales de Grado, Máster Universitario y Doctorado (sea profesorado permanente o temporal, a tiempo completo o parcial). Esta plantilla deberá consignarse con relación a cada titulación de Grado, Máster Universitario y Doctorado en que cada profesor o profesora que ocupe dicha plaza deberá impartir o responsabilizarse.
> 14. Con objeto de asegurar la experiencia en investigación del personal docente e investigador que se incorpore a una nueva universidad, al finalizar el séptimo año desde la fecha de inicio de la actividad académica, esta tendrá la obligación de adjuntar a la Memoria presentada inicialmente en el proceso de creación o reconocimiento, la siguiente información sobre su plantilla que imparta docencia en los títulos oficiales de Grados, Másteres Universitarios y Doctorados:
> a) Relación del personal docente e investigador doctor o doctora que haya obtenido una evaluación positiva de su actividad investigadora por la CNEAI (ANECA) o por las agencias de las Comunidades Autónomas con competencias en dicha evaluación. Se exigirá que un mínimo del 60 por ciento del conjunto del personal docente e investigador doctor o doctora con más de seis años desde la obtención del título de doctor, haya alcanzado una evaluación positiva.
> b) Relación de los principales indicadores de los resultados de la actividad investigadora desarrollada por el personal docente e investigador. A tal efecto se considerarán las publicaciones científicas referidas en las principales bases de datos mundiales de referencias bibliográficas y citas de publicaciones periódicas, así como las publicaciones reconocidas en los diferentes ámbitos de conocimiento, en atención a los criterios generales y específicos de evaluación por campos científicos considerados por la CNEAI (ANECA) o por las agencias de las Comunidades Autónomas con competencias en dicha evaluación. El número mínimo será de dos publicaciones de promedio por cada profesor o profesora durante los últimos tres años, y se computará considerando el profesorado en equivalencia a tiempo completo. Asimismo, se podrán incluir las patentes que resulten directamente de la investigación desarrollada por el personal docente e investigador, licenciadas por empresas, entidades, organizaciones o instituciones (queda excluido de este precepto el profesorado asociado).
> 15. Las Comunidades Autónomas, o en su caso el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades deberán articular de oficio los mecanismos necesarios para tener conocimiento del efectivo cumplimiento de los requisitos que se exigen en los apartados previos, que se consideran esenciales para el mantenimiento de la actividad de la universidad. La Comunidad Autónoma en la que la universidad tenga su sede oficial, o dicho Ministerio para las universidades de su responsabilidad, podrá, previo a la incoación de un procedimiento para la revocación de la licencia de actividad educativa, establecer un plan de tres años de duración, que tendrá carácter obligatorio, para que la universidad alcance el cumplimiento de estos indicadores.
> 16. La participación demostrada por parte del personal docente e investigador de la universidad en la solicitud de proyectos de investigación competitivos de ámbito autonómico, estatal e internacional, o en actividades de investigación colaborativa con empresas, entidades, organizaciones o instituciones, que deberá ser coherente con las líneas de investigación fundamentales de los programas de Doctorado con que cuente la universidad. Iniciada su actividad el profesorado de la universidad deberá presentar como investigador/a principal o como participante anualmente, como mínimo cinco propuestas de proyectos de investigación en programas competitivos autonómicos, nacionales o internacionales, al menos una de las cuales deberá ser internacional. Asimismo, transcurridos siete años desde el inicio de actividades, la universidad deberá demostrar ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma, o en su caso ante el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, la obtención como investigador o investigadora principal por parte de su profesorado de al menos veinte proyectos de investigación competitivos de ámbito autonómicos, nacional o internacional durante los últimos siete años. Para acreditar estos requisitos, la universidad facilitará la relación de propuestas de proyectos de investigación competitivos presentados y, en su caso, de los obtenidos, además de las actividades de investigación colaborativa con empresas, entidades, organizaciones o instituciones.»
Siete. Se modifica el apartado 2.b) y se añaden los apartados 5, 6 y 7 al artículo 8, que queda modificado del siguiente modo:
> «b) Espacios académicos complementarios. Tendrán la consideración de espacios académicos complementarios aquellos que, destinados tanto a fines de docencia como a investigación y transferencia de conocimiento, tienen un uso específico y complementario a tales fines, como pueden ser el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI), que incluye los servicios de biblioteca y documentación, los laboratorios y servicios científico-técnicos y los equipamientos deportivos. En el caso concreto del edificio o los edificios correspondientes a servicios destinados a biblioteca universitaria deberán ser coherentes y concordantes con el número total de estudiantes matriculados en titulaciones oficiales (en el caso de ser universidades con docencia virtual la biblioteca virtual deberá igualmente ser coherente con el volumen de estudiantes matriculados). Asimismo, tendrán esta consideración aquellos espacios que facilitan del desarrollo adecuado de la vida universitaria como los espacios de representación estudiantil, espacios de estudio y de trabajo colaborativo del estudiantado, así como espacios de restauración, y otros similares, que tendrán que disponer de la dotación y calidad necesarias. Por su parte, cuando se impartan titulaciones del ámbito de Ciencias de la Salud, se deberán explicitar las instalaciones y equipamientos de que dispone, o dispondrá, la universidad que la normativa vigente estipula para este tipo de formación universitaria, y cuyos principales elementos se incluyen en el anexo III.»
> «5. Tanto las universidades públicas como las privadas adquieren, para su creación o reconocimiento, según el caso, el compromiso de disponer de una capacidad mínima de alojamiento estudiantil equivalente al 10 por ciento de las plazas de estudiantes universitarios de titulaciones oficiales, previstas en la Memoria para el cuarto año de funcionamiento de la universidad o el quinto año en el caso de que se previeran en la referida Memoria dobles titulaciones con itinerario específico de Grado. Dicho porcentaje está referido a la oferta académica presencial. El compromiso deberá constar en la Memoria a la que se refiere al artículo 4 de este real decreto.
> Esta disponibilidad debe estar operativa en el inicio del tercer año de actividad académica de la nueva universidad.
> El compromiso de disponibilidad de alojamiento se hará efectivo por la propia universidad pública o privada, o en colaboración con fundaciones, organizaciones o empresas en virtud del correspondiente convenio.
> 6. Las Comunidades Autónomas, o en su caso el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, garantizarán en el ejercicio de sus competencias que se cumpla lo estipulado en el apartado 5.
> 7. De lo estipulado en los apartados 2.c) y 5 quedan excluidas las universidades de especiales características que se rijan por un modelo docente virtual.»
Ocho. Se modifica el artículo 9, que queda redactado como sigue:
###### «Artículo 9. Garantía de calidad, de experiencia en gestión universitaria y de sostenibilidad económica de la universidad.
> En el proceso de creación de una universidad pública y en el de reconocimiento de una universidad privada, las universidades deberán expresar explícitamente en la Memoria su compromiso de mantener sus actividades académicas fundamentales (docentes, de investigación, de gestión) durante el tiempo necesario para la consecución de los objetivos docentes e investigadores establecidos en su programación, y a estos efectos:
> 1. Las universidades públicas deberán aportar un acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma donde se ubique, por el que este se comprometa al mantenimiento de sus actividades y a su sostenibilidad económica. En el caso de las universidades de especiales características deberá aportarse un acuerdo del Consejo de Ministros.
> 2. Las universidades privadas deberán aportar documentalmente las garantías que aseguren su sostenibilidad económica, que deberá tener presente especialmente su coherencia con el número de títulos oficiales ofertados y con el número de estudiantes matriculados o que previsiblemente se matricularán, el profesorado y el personal técnico, de gestión y de administración y servicios necesario, la actividad investigadora que se pretende desarrollar, así como un plan de viabilidad de carácter económico-financiero y un plan de cierre para el caso de que su actividad académica resulte inviable. Las Comunidades Autónomas regularán cómo debe desarrollarse, en su caso, el plan de finalización de la actividad de una universidad o centro, y fijarán un régimen de responsabilidades en caso de incumplimiento de dicho plan.
> 3. En el caso específico de las iniciativas para el reconocimiento de una universidad privada de nueva creación y su posterior autorización para el inicio de su actividad académica, expresamente deberán incluir en la propuesta de Memoria a que se refiere el artículo 4.2, la documentación que acredite la disponibilidad, en el momento de su presentación de la propuesta, de los recursos económicos necesarios para el adecuado funcionamiento de la universidad con toda la oferta académica comprometida para estar activa en el tercer año de inicio de actividad, incluyendo los recursos destinados a instalaciones, equipamientos, laboratorios, servicios, contratación de personal docente e investigador permanente o temporal, incluido en este último el profesorado de carácter temporal que imparta docencia, así como el personal técnico, de gestión, de administración y servicios, entre otros, de los que está previsto disponer para el tercer año de actividad de la universidad.
> Para estimar este valor, se utilizará como referente el montante del presupuesto total consignado en la Memoria para el tercer año de actividad de la universidad.
> Dicha disponibilidad se acreditará mediante avales prestados por entidades de crédito, establecimientos financieros de crédito o sociedades de garantía recíproca; o seguros de caución otorgados por entidades aseguradoras; o valores de deuda del Estado; garantías que deberán ser presentadas acompañando la Memoria respectiva. Cualquiera de estas garantías deberá ser constituida en la Caja General de Depósitos o sus sucursales en las Delegaciones de Economía y Hacienda, o en su caso, en los establecimientos equivalentes de la respectiva Comunidad Autónoma.
> Dichas garantías de la disponibilidad de recursos igualmente serán utilizadas como instrumentos de garantía de la capacidad económica para hacer frente al plan de cierre de actividad académica que se recoge en el apartado 8 del presente artículo.
> 4. Asimismo, en la Memoria correspondiente deberá detallarse si la iniciativa de reconocimiento de la universidad privada forma parte de un grupo de universidades ya existente en España o en el extranjero, de una multinacional o empresa internacional, o de un fondo de inversión español o extranjero, para lo cual se deberá incluir información documental sobre el grado de relación y de corresponsabilidad con la iniciativa que se presenta.
> 5. Igualmente, en la Memoria que presente una iniciativa de reconocimiento de una nueva universidad privada, deberá explicitarse la composición y cargos respectivos del equipo rectoral de la universidad previstos para cuando por Ley de la Comunidad Autónoma se reconozca la universidad y posteriormente se autorice el inicio de sus actividades. En el caso de que la universidad cuente con un equipo de dirección de rango superior al rectoral, de igual modo, deberá informarse de su composición y sus respectivos cargos o funciones. Se identificarán estas personas y sus trayectorias profesionales.
> 6. Estas iniciativas para el reconocimiento de una universidad privada deberán incluir en la Memoria la justificación de la experiencia en actividades docentes, investigadoras y de gestión de la educación universitaria de las personas que conformarán el equipo directivo de la futura universidad en el inicio de su actividad.
> 7. La documentación e información exigida en los apartados 3 a 6 de este artículo será requisito indispensable en el procedimiento de evaluación por parte de las agencias de calidad y de las Administraciones Públicas de la Memoria y en el posterior procedimiento de aprobación por Ley de su creación o reconocimiento y de su autorización para el inicio de actividades académicas.
> 8. Las universidades deberán aportar el acta notarial que recoja una declaración responsable comprometiéndose por escrito a mantener en funcionamiento sus escuelas y facultades, escuela de Doctorado y los espacios académicos complementarios imprescindibles, durante un período mínimo que posibilite efectivamente finalizar sus estudios al estudiantado que, con un aprovechamiento académico suficiente, los hubieran iniciado en estos centros. Así mismo, deberán establecer los mecanismos que garanticen la finalización de los estudios del estudiantado en el caso de extinción de alguna de las titulaciones, oficiales o propias, impartidas, o programas de Doctorado en su caso, como consecuencia de una decisión de la propia universidad, o por no renovación de la acreditación del título decidida por las Administraciones Públicas, así como por la extinción de la propia universidad o centro.
> 9. Las universidades deberán contar con un plan de inversiones en recursos e infraestructuras, que se recoja en la Memoria, coherente con la planificación docente e investigadora propuesta y programada.»
Nueve. Se modifican los apartados 1 y 4 del artículo 10, que quedan redactados como sigue:
> «1. Las universidades públicas deberán contar con unos Estatutos, propuestos y elaborados por el Claustro universitario y aprobados por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma correspondiente, de conformidad con lo establecido por la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo. Estos Estatutos, una vez aprobados, serán publicados en el diario oficial de la Comunidad Autónoma correspondiente y, asimismo, en el “Boletín Oficial del Estado”.»
> «4. Los Estatutos y las Normas de Organización y Funcionamiento deberán, asimismo, recoger las previsiones contenidas en la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, y demás normativa en materia universitaria, y como mínimo deberán determinar:
> a) Naturaleza, funciones y competencias de la universidad.
> b) Régimen jurídico, de personal y económico-financiero.
> c) Estructura (centros, departamentos, institutos de investigación, escuela de Doctorado).
> d) Órganos unipersonales y colegiados de gobierno y de representación, composición y normativa de funcionamiento. Con detalle expreso de si hay órganos de gobierno y dirección de la universidad que estén por encima del nivel del equipo rectoral, explicitándose composición, funciones y responsabilidades.
> e) Procedimiento para la elección del rector o rectora de la universidad –o de designación en su caso–, duración de su mandato, funciones, y procedimiento de remoción.
> f) Mecanismo de participación de la comunidad universitaria en los diferentes órganos de gobierno, y detalle de la participación en los mismos de los diversos colectivos.
> g) Derechos y deberes del profesorado, del estudiantado y del personal técnico, de gestión y de administración y servicios.
> h) Procedimiento para la elección o designación del Defensor Universitario o Defensora Universitaria, duración de su mandato y dedicación, así como su régimen de funcionamiento.
> i) Normativa de convivencia del conjunto de la comunidad universitaria.
> j) Normativa de igualdad. Se deberá disponer de un plan de igualdad de mujeres y hombres, de un conjunto planificado de medidas para alcanzar la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI, de un protocolo contra el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el trabajo, y de un registro salarial.
> k) Normativa y mecanismo de aprobación del presupuesto de la universidad.
> l) Normativa sobre la garantía interna de la calidad en educación superior de acuerdo con lo establecido en los estándares europeos.»
Diez. Se modifica el apartado 1 del artículo 11, que queda redactado como sigue:
> «1. La autorización del inicio de las actividades de las universidades corresponderá al órgano competente de la Comunidad Autónoma en la cual radican las instalaciones de la futura universidad, salvo para la autorización de una universidad de especiales características, incluidas aquellas a las que se refiere el artículo 2.4, en cuyo caso corresponderá al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades siempre que la creación o el reconocimiento de la universidad de especiales características se hubiera aprobado por ley de las Cortes Generales. En ambos casos, la autorización se concederá, una vez comprobado el cumplimiento de las condiciones y los requisitos para su creación o reconocimiento establecidos en este real decreto y en su Ley de creación o reconocimiento aprobada por la Asamblea de la Comunidad Autónoma o por las Cortes Generales. Se informará de esta autorización para el inicio de las actividades al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y a la Conferencia General de Política Universitaria.»
Once. En el artículo 12, se da nueva redacción a los apartados 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, como se dispone a continuación:
> «1. Corresponde a los órganos competentes de la Comunidad Autónoma, así como a los órganos competentes de la Administración General del Estado en el caso de las universidades de especiales características (que hubieran sido creadas o reconocidas por ley de las Cortes Generales), la supervisión y control periódico del cumplimiento por las universidades de los requisitos exigidos para su creación, en el caso de las iniciativas públicas, o reconocimiento, en el caso de las iniciativas privadas. Para ello, las universidades presentarán anualmente al órgano competente de la Comunidad Autónoma o del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades una memoria comprensiva de sus actividades docentes e investigadoras, realizadas en el marco de la programación plurianual, y que aporte la información como mínimo referida a los requisitos y exigencias establecidos en este real decreto.»
> «3. Si con posterioridad al inicio de sus actividades se apreciase que una universidad incumple los citados requisitos y los compromisos adquiridos al solicitar su creación o reconocimiento, el órgano competente de la Comunidad Autónoma o en su caso de la Administración General del Estado requerirá a la misma la regularización de la situación. Para ello, la universidad deberá presentar un plan de medidas correctoras en el plazo máximo de tres meses desde el día siguiente a aquel en el que se haya realizado el requerimiento, y dispondrá de un plazo de dos años como máximo para desarrollar dicho plan y, consecuentemente, subsanar los requisitos, extensible a tres años para los requisitos relacionados con el número mínimo de estudiantes y con las características del profesorado, tal como aparece reflejado, respectivamente, en el artículo 12, apartado 6, y en el artículo 7, apartado 15, de este real decreto.
> 4. Transcurridos los plazos del apartado anterior sin que la universidad hubiese presentado el plan de medidas requerido o sin que hubiese cumplido los requisitos, el órgano competente de la Comunidad Autónoma o, en su caso, de la Administración General del Estado, iniciará de oficio el procedimiento de revocación de la autorización de inicio de su actividad, previa audiencia de las personas interesadas. El alcance de la revocación se determinará por la resolución revocatoria y podrá afectar a toda la universidad o limitar sus efectos a alguno de sus centros (propios o adscritos) en el que se hubieren constatado el incumplimiento.
> 5. Será motivo de revocación de la autorización de inicio de actividades académicas, que estas no hayan dado comienzo a los dos años de haberla obtenido, debiendo iniciar de oficio el órgano competente de la Comunidad Autónoma o, en su caso, de la Administración General del Estado, el procedimiento de revocación, en el que dará audiencia a las personas interesadas. Si este fuere el caso, la persona física o jurídica que proponía su creación o reconocimiento no podrá volver a solicitar una autorización hasta transcurridos dos años desde la firmeza de la revocación.
> 6. Asimismo, si trascurridos seis años desde el inicio de la actividad el número de estudiantes matriculados en titulaciones oficiales no hubiera alcanzado el 70 por ciento, como mínimo, de la cifra que establece el artículo 5.4 de este real decreto, el órgano competente de la Comunidad Autónoma o en su caso de la Administración General del Estado requerirá a la misma la regularización de la situación. Para ello, la universidad deberá presentar un plan de medidas correctoras en el plazo máximo de tres meses desde el día siguiente a aquel en el que se haya realizado el requerimiento, y dispondrá de un plazo de tres años como máximo para desarrollar dicho plan y subsanar este requisito. En caso de incumplimiento, una vez finalizado el plazo de tres años, el órgano competente podrá revocar la autorización de desarrollo de actividades académicas universitarias.
> 7. Si en los procesos de renovación de la acreditación de los títulos de la universidad, según lo dispuesto en la normativa reguladora de las enseñanzas universitarias oficiales, el número de títulos que queden activos en la universidad fuese inferior al del contemplado en el artículo 5.1 de este real decreto, la autoridad competente de la Comunidad Autónoma o, en su caso, de la Administración General del Estado, iniciará de oficio el procedimiento de revocación de la autorización de inicio de actividad de la universidad. La resolución será motivada y previa audiencia de las personas interesadas.
> 8. En el caso de que una universidad, o centro universitario, tuviese un mínimo de un tercio de los títulos oficiales universitarios no acreditados, no se le permitirá la presentación de nuevos títulos hasta que estas deficiencias no se hayan subsanado.»
Doce. Se modifican los apartados 1, la letra h) del apartado 5, 7 y 8 del artículo 13, y se incorporan tres apartados finales, con los números 11 a 13, con la redacción que se indica a continuación:
> «1. La adscripción de un centro a una universidad tendrá la finalidad de impartir docencia conducente a la obtención de títulos oficiales de Grado o/y Máster Universitario o programas de Doctorado, así como, en su caso, de desarrollar actividades de investigación y de transferencia de conocimiento.»
> «h) La programación para el desarrollo y puesta en funcionamiento de un sistema interno de garantía de la calidad y la consecución de la certificación de su implantación por la ANECA o por la correspondiente agencia de calidad.»
> «7. La adscripción de un centro a una universidad requerirá la aprobación de la Comunidad Autónoma correspondiente, salvo que se trate de la adscripción a una universidad de especiales características, en particular aquellas a que se refiere el artículo 2.4 en cuyo caso corresponderá al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. En el caso de las universidades públicas la propuesta se elevará por su Consejo de Gobierno, una vez informado el Consejo Social. En el caso de las universidades privadas, se elevará la petición previa aprobación por su órgano de gobierno.
> 8. La aprobación de la propuesta de adscripción deberá ser objeto de inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT), y comunicación a la Conferencia General de Política Universitaria por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Si la propuesta es aprobada por la Comunidad Autónoma, esta deberá informar de la adscripción al citado Ministerio, a efectos de inscripción y comunicación.»
> «11. El centro adscrito se regirá por la normativa académica de la universidad a la que se adscribe, y asumirá los principios y normativas de aseguramiento de la calidad de la universidad a la que se adscribe.
> 12. La universidad a la que se adscribe un centro tiene la obligación de realizar un seguimiento del cumplimiento con lo establecido en este real decreto y, además, y específicamente, del rendimiento del estudiantado, de la calidad de las titulaciones oficiales y de formación permanente implantadas, del desarrollo de las prácticas académicas externas, y de la disponibilidad y nivel del profesorado permanente o temporal que imparte docencia.
> 13. Podrán constituirse centros que se adscriban a una universidad con la denominación de Centros de Altos Estudios, que se regirán por lo establecido en este artículo, cuando reúnan la condición de ofrecer estudios universitarios oficiales y de formación permanente de alta calidad académica, únicamente en el ámbito de postgrado, y cuyo profesorado nacional o internacional disponga de elevados niveles de reconocimiento de la investigación, transferencia y docencia. Dada la naturaleza singular de este tipo de Centro de Altos Estudios, podrán contar con personal docente e investigador propio bajo las modalidades de contratación previstas en la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, en el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y en las demás fuentes del derecho laboral y, asimismo, podrán disponer de la participación de personal docente e investigador de la universidad de adscripción cuyas condiciones se establecerán en el convenio de adscripción del centro a la universidad.»
Trece. Se modifica el artículo 14, que queda redactado como sigue:
###### «Artículo 14. Procedimiento para la acreditación institucional de los centros de las universidades públicas y privadas.
> 1. La acreditación institucional, como mecanismo para garantizar la calidad académica global de un centro universitario, se instrumenta mediante el sistema interno de garantía de la calidad, que debe asegurar una formación adecuada a los criterios estandarizados de calidad del servicio docente prestado, y que debe responder a las exigencias del estudiantado y de la sociedad. Este procedimiento debe ser transparente e incluir mecanismos de rendición de cuentas, y debe ser un procedimiento que asegure que todos los títulos oficiales ofertados tengan el nivel de calidad que requiere todo título universitario en España.
> 2. La Comunidad Autónoma, o en su caso el órgano competente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, asegurará a través de los mecanismos de control de su competencia, que todos los títulos ofertados por un centro universitario tengan un elevado nivel de calidad académica, sin menoscabo de la competencia de las universidades, a través de sus sistemas internos de garantía, de garantizar que todos sus títulos ofertados por un centro universitario tengan un elevado nivel de calidad académico.
> 3. La acreditación institucional de un centro universitario, indistintamente de su naturaleza pública o privada, comportará la renovación de la acreditación del conjunto de títulos universitarios oficiales impartidos en este, siempre que se reúnan los requisitos previstos en este artículo. En el caso de los títulos interuniversitarios impartidos en el centro, éstos renovarán la acreditación a través de la acreditación institucional, solamente en el caso de que la universidad sea la universidad coordinadora.
> 4. Los requisitos que deberán cumplir obligatoriamente los centros universitarios para la obtención de la acreditación institucional serán los siguientes:
> a) Haber renovado la acreditación de, al menos, la mitad de los títulos oficiales de Grado, la mitad de los títulos oficiales de Máster y la mitad de los títulos oficiales de Doctorado que impartan. En el caso de las Escuelas de Doctorado o centros similares en cuanto a las funciones, deberán haber renovado la acreditación de al menos la mitad de sus programas de Doctorado.
> b) Disponer de la certificación de la implantación de su sistema interno de garantía de calidad, de acuerdo con el Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad, de conformidad con los criterios establecidos para el aseguramiento de la calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior y los protocolos y guías orientativas desarrolladas por la ANECA o por las agencias de calidad correspondientes. Este certificado podrá ser expedido por las agencias de calidad españolas que estén inscritas en el Registro Europeo de Agencias de Calidad (European Quality Assurance Register, EQAR). El procedimiento de emisión del certificado deberá seguir el protocolo que, a propuesta del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, se apruebe en la Conferencia General de Política Universitaria.
> c) Cumplir con los requisitos del profesorado establecidos en los apartados 1, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 del artículo 7, por estar directamente relacionados con la calidad de la docencia impartida en el centro universitario.
> d) Cumplir con los requisitos y requerimientos fijados en este real decreto sobre disponibilidad y características del equipamiento e instalaciones necesario para el desarrollo adecuado de la actividad docente.
> 5. Podrán participar de este procedimiento los centros de universidades públicas y privadas, sean propios o adscritos.
> 6. La universidad solicitará la acreditación institucional de uno o de varios de sus centros al Consejo de Universidades que, a través de la Secretaría General de Universidades, la trasladará a la ANECA o a la correspondiente agencia de calidad de la Comunidad Autónoma, que deberá estar inscrita en el Registro Europeo de Agencias de Calidad (European Quality Assurance Register, EQAR), para la emisión del informe al que se refiere el apartado siguiente.
> 7. El Consejo de Universidades dictará la resolución de acreditación, previo informe de evaluación vinculante de la ANECA o del órgano de evaluación que corresponda, que notificará a la universidad y comunicará a la agencia de evaluación correspondiente, remitiéndola a la Comunidad Autónoma y al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, a los efectos, si es favorable, de la inscripción de los centros acreditados en el RUCT. El plazo para resolver y notificar dicha resolución será como máximo de seis meses desde la presentación de la correspondiente solicitud. La falta de resolución expresa en el citado plazo permitirá considerar estimada la solicitud de renovación de la acreditación institucional. En el supuesto de dictarse resolución desestimatoria, esta deberá ser motivada y expresará los recursos que contra la misma procedan, órgano administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos.
> 8. Deberá renovarse la acreditación institucional de los centros universitarios antes del transcurso de seis años contados a partir de la fecha de obtención de la última resolución de acreditación o de renovación.
> 9. En el procedimiento de evaluación de la renovación de la acreditación institucional deberá emitirse informe por un panel de personas expertas externas e independientes de la institución que solicite la acreditación, nombrados por la ANECA o por la agencia de calidad correspondiente. El procedimiento que desarrollen las agencias para llevar a cabo la renovación de la acreditación institucional de centros seguirá el protocolo general que, a propuesta del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, se establezca en el seno de la Conferencia General de Política Universitaria. Asimismo, se deberán tener presentes todos los informes de seguimiento de las diversas titulaciones oficiales ofertadas en el centro, así como los informes de la ANECA y de la correspondiente agencia de calidad emitidos en ese período de seis años con relación a los diferentes títulos oficiales ofertados. La ANECA y los órganos de evaluación externa de las Comunidades Autónomas se facilitarán mutuamente información relativa a dichas evaluaciones.
> 10. En este procedimiento de renovación de la acreditación institucional, para la obtención del informe positivo del mismo, se deberán tener en cuenta los principales resultados académicos de rendimiento del estudiantado en el período sometido a evaluación, como elemento que contribuye a valorar la calidad del proceso de enseñanza y de aprendizaje del centro.
> 11. De igual modo, en este procedimiento de renovación se deberá analizar y valorar, en su caso, la calidad y desarrollo de las prácticas académicas externas y sus resultados formativos de cara al estudiantado, referidos al período sometido a evaluación.
> 12. El Consejo de Universidades deberá resolver y notificar su resolución sobre la renovación en un máximo de seis meses desde la presentación de la correspondiente solicitud. La falta de resolución expresa en el citado plazo permitirá considerar estimada la solicitud de renovación de la acreditación institucional. En el caso de dictarse resolución desestimatoria, que deberá ser motivada, esta expresará los recursos que contra la misma procedan, órgano administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos.
> 13. En el caso de que el Consejo de Universidades dicte una resolución desestimatoria de la acreditación institucional o de su renovación, el centro universitario implicado deberá solicitar la renovación de la acreditación correspondiente de cada uno de los títulos oficiales que oferta, en el período establecido con relación al inicio de la actividad de estos o de la última renovación de la acreditación.
> 14. Para el procedimiento concreto de títulos conjuntos que promueven dos o más centros, sean de la misma universidad o de universidades diferentes, las agencias competentes emitirán su informe de evaluación de conformidad al procedimiento para la evaluación de los casos de títulos impartidos en varios centros en el marco de los protocolos de Acreditación Institucional de Centros Universitarios, que sean aprobados por la Red Española de Agencias de Calidad Universitaria.
> 15. En el caso de títulos conjuntos interuniversitarios solo computarán, a los efectos del cumplimiento del requisito para la acreditación institucional de centros universitarios, en el centro de la universidad coordinadora. La acreditación institucional del centro de la universidad coordinadora de un título conjunto interuniversitario tendrá como consecuencia la renovación de la acreditación de dicho título.
> 16. Cuando se trate de títulos conjuntos internacionales, títulos conjuntos en el marco del Programas de Universidades Europeas de la Comisión Europea o títulos conjuntos amparados por el sello Erasmus Mundus, regulados por las disposiciones adicionales sexta, séptima y octava del Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, de conformidad con la resolución de 3 de marzo de 2022, de la Secretaría General de Universidades, en su apartados 1.a) y 2.3, estos títulos quedan excluidos en el cómputo del requisito de la mitad de los títulos que hayan renovado su acreditación. La acreditación institucional del centro universitario donde se imparten estos títulos no tendrá como efecto la renovación de la acreditación de dichos títulos.»
Catorce. Se modifica el artículo 15, que queda redactado como sigue:
###### «Artículo 15. Autorización de centros que impartan enseñanzas con arreglo a sistemas educativos extranjeros.
> 1. La impartición de enseñanzas universitarias y de educación superior (diplomas o certificados) de ámbito similar al universitario en nuestro país desarrollada por centros conforme a sistemas educativos extranjeros, precisará de la autorización del organismo competente de la Comunidad Autónoma correspondiente en la que se ubique la universidad o centro, según lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo. En ningún caso las enseñanzas de educación superior de ámbito similar al universitario hacen referencia a titulaciones españolas correspondientes a enseñanzas superiores no universitarias.
> 2. La autorización del organismo correspondiente de la Comunidad Autónoma se requerirá en uno de los siguientes supuestos:
> a) Cuando los títulos sean impartidos por un centro docente propio o adscrito a una universidad creada o reconocida de conformidad con la legislación española;
> b) Cuando los títulos sean impartidos por un centro perteneciente a una universidad o institución de educación superior extranjera, ubicada en territorio español, la cual deberá estar debidamente constituida con arreglo a la legislación del país de cuyo sistema educativo pretenda impartir dichos títulos.
> Dicha autorización habilita a los centros universitarios extranjeros a ofertar títulos universitarios que tengan carácter oficial en su país de origen y que hayan obtenido dichos títulos una evaluación positiva de su calidad por una agencia oficial en el país de origen de la universidad a la que pertenece el centro o a la que está adscrito, o en su caso por una agencia española de evaluación de calidad registrada en el Registro Europeo de Agencias de Calidad (European Quality Assurance Register, EQAR).
> 3. La Comunidad Autónoma, una vez otorgada la autorización, la comunicará al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades en el plazo máximo de un mes, que procederá a su inclusión en un registro específico dentro del RUCT, en el que constarán tanto los centros autorizados como los títulos universitarios que se imparten en dichos centros, y asimismo informará a la Conferencia General de Política Universitaria. Esta información incorporará como mínimo: la denominación de la universidad y centro de impartición y si es extranjera, el país de origen, la denominación de los títulos ofertados y su número de plazas, el modelo docente de cada titulación (presencial, virtual o híbrida), la duración temporal y la carga en créditos ECTS (Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos) o en su caso su carga horaria; así como, si el título ha sido evaluado favorablemente por una agencia de aseguramiento de la calidad española o en su caso del país de origen del centro o universidad y la fecha de la renovación de la acreditación. En el caso de titulaciones cuyo informe de acreditación haya sido realizado por una agencia de calidad registrada en el Registro Europeo de Agencias de Calidad (European Quality Assurance Register, EQAR) y externa al Estado español, esta deberá haber incluido específicamente en su alcance, y por ello evaluado, el centro de impartición español.
> 4. El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación deberá emitir informe sobre la conveniencia de esta autorización, sobre la base de la existencia de Tratados o convenios internacionales suscritos por España y, en su defecto, del principio de reciprocidad.
> 5. La Comunidad Autónoma deberá asegurar que todos estos centros cuenten con un sistema interno de garantía de calidad cuya implantación haya sido certificada por las respectivas agencias de la calidad universitaria inscritas en el Registro Europeo de Agencias de Calidad (European Quality Assurance Register, EQAR), o, en caso de no contar con agencia autonómica, por ANECA. Transcurrido un máximo de dos años desde la certificación del diseño, el centro deberá haber certificado la implantación del sistema interno de garantía de calidad.
> 6. La Comunidad Autónoma asegurará que estos centros que imparten titulaciones universitarias extranjeras, o similares de educación superior, no utilicen denominaciones o formatos para dichas titulaciones o estudios, que puedan inducir a confusión con respecto a los títulos universitarios oficiales en el sistema universitario español. Dichos centros deberán informar expresamente a su estudiantado de la naturaleza y validez de las titulaciones o estudios que imparten.
> 7. El centro extranjero deberá reportar anualmente a las autoridades de la Comunidad Autónoma el número de estudiantes de nuevo ingreso y el total de matriculados en cada título universitario o similar, el número de egresados de cada título y los indicadores de rendimiento académico de todo el estudiantado, así como la relación no nominal del profesorado que imparte la docencia con el detalle de su nivel académico y perfil profesional. La Comunidad Autónoma reportará anualmente esta información al Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU).
> 8. De lo estipulado en este artículo quedan excluidos los títulos de Grado, Máster Universitario y Programas de Doctorado conjuntos o en formato de doble titulación entre universidades españolas y universidades extranjeras, que se regularán por los criterios de las titulaciones de las universidades españolas.»
Quince. Se modifica el apartado 1 del artículo 16, que queda redactado como sigue:
> «1. La universidad o centros que impartan enseñanzas universitarias y de educación superior de ámbito similar al universitario con arreglo a sistemas educativos extranjeros deberán cumplir con lo previsto en los siguientes apartados, para poder obtener la autorización administrativa, además de acreditar su personalidad jurídica:»
Dieciséis. Se modifican los apartados 3 y 4 del artículo 17, que quedan redactados como sigue:
> «3. Las agencias de calidad se coordinarán para elaborar y publicar un protocolo específico para este tipo de enseñanzas universitarias o equivalentes, teniendo presente sus especificidades, a efectos de proceder a su evaluación.
> 4. Los títulos, certificados o diplomas a que conduzcan las enseñanzas autorizadas tendrán únicamente los efectos que les otorgue la legislación del Estado de origen. El reconocimiento de efectos en España se ajustará a lo establecido por la normativa específica reguladora del reconocimiento de estudios y títulos extranjeros de educación superior.»
Diecisiete. Se añade un nuevo capítulo V, con el siguiente contenido:
Texto oficial de Modificación de las Normas sobre Creación y Acreditación de Universidades (2025) (BOE-A-2025-20002). No constituye asesoramiento jurídico. Consulta la versión consolidada en boe.es.
