Derechos fundamentales: qué protección real da la Constitución

Es habitual hablar de "derechos constitucionales" como si todos tuvieran el mismo peso. La Constitución Española no los trata por igual: el nivel de protección jurídica depende de en qué parte del Título I esté cada derecho, y eso determina qué se puede hacer si un poder público lo vulnera.

Tres niveles, no uno

El artículo 53 organiza la protección en capas:

- Los derechos y libertades del Capítulo Segundo (arts. 14 a 38) vinculan directamente a todos los poderes públicos, y solo pueden regularse por ley, que en todo caso debe respetar su contenido esencial. - Dentro de ese capítulo, los de la Sección Primera (arts. 15 a 29) —más la igualdad del art. 14— tienen una garantía reforzada: solo pueden desarrollarse por ley orgánica y su tutela llega hasta el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. - Los principios del Capítulo Tercero (arts. 39 a 52) —los llamados principios rectores de la política social y económica— informan la legislación y la actuación de los poderes públicos, pero según el propio art. 53.3 solo pueden alegarse ante los tribunales ordinarios "de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen": no son invocables por sí solos con la misma fuerza directa que los del Capítulo Segundo.

Qué es el recurso de amparo

El artículo 53.2 permite a cualquier persona reclamar la tutela de los derechos del art. 14 y de la Sección Primera del Capítulo Segundo ante los tribunales ordinarios, por un procedimiento preferente y sumario, y en su caso mediante recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Es una vía adicional y última, no la única: antes de llegar al Tribunal Constitucional hay que haber agotado la vía judicial ordinaria.

El Tribunal Constitucional y sus otras competencias

El recurso de amparo no es la única función del Tribunal Constitucional. El artículo 161.1 le atribuye jurisdicción en todo el territorio español para conocer, además del amparo por violación de los derechos del artículo 53.2, del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley —cuya declaración de inconstitucionalidad no hace perder el valor de cosa juzgada a las sentencias ya recaídas que hubieran interpretado esa norma—, y de los conflictos de competencia entre el Estado y las comunidades autónomas, o de estas entre sí. El artículo 161.2 añade una facultad singular del Gobierno: puede impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones de los órganos autonómicos, impugnación que suspende automáticamente la norma recurrida, aunque el Tribunal debe ratificar o levantar esa suspensión en un plazo máximo de cinco meses.

Los derechos también pueden suspenderse

El artículo 55 prevé que determinados derechos —entre ellos la libertad personal (art. 17), la inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones (art. 18.2 y 18.3), o la libertad de reunión (art. 21)— puedan suspenderse con carácter general si se declara el estado de excepción o de sitio, y de forma individual, con control judicial y parlamentario, en investigaciones sobre bandas armadas o terrorismo. Es una excepción tasada, no una facultad genérica de los poderes públicos.

Por qué importa la distinción

Saber en qué capítulo está un derecho concreto no es un detalle académico: determina si su desarrollo exige ley orgánica, si cabe recurso de amparo, y si puede alegarse directamente ante un juez o depende de que exista una ley que lo desarrolle. Dos artículos del mismo Título I pueden tener una protección jurídica muy distinta.

Esta guía es una explicación divulgativa de BOE Fácil, no asesoramiento jurídico. Para el texto oficial completo, consulta los artículos 53 y 55 de la Constitución Española.