Silencio administrativo: cuándo el silencio de la Administración significa un sí

Cuando se presenta una solicitud ante la Administración y pasa el plazo máximo sin que llegue una resolución expresa, la Ley del Procedimiento Administrativo Común no deja a la persona interesada en el limbo: el silencio produce un efecto jurídico concreto, que puede ser positivo o negativo según el tipo de procedimiento.

La regla general: silencio positivo

En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la regla por defecto es que el vencimiento del plazo máximo sin resolución expresa legitima para entender la solicitud estimada por silencio administrativo. Esto solo deja de aplicarse cuando una norma con rango de ley, o una norma de Derecho de la Unión Europea o de Derecho internacional aplicable en España, establece lo contrario.

Cuándo el silencio es negativo

La propia ley enumera las excepciones en que el silencio tiene efecto desestimatorio: los procedimientos relativos al derecho de petición del artículo 29 de la Constitución, aquellos cuya estimación transferiría al solicitante o a terceros facultades sobre el dominio público o el servicio público, los que impliquen actividades que puedan dañar el medio ambiente, y los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. También es desestimatorio en los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones y en los de revisión de oficio iniciados a solicitud de los interesados —con una matización: si el recurso de alzada se interpuso contra la desestimación por silencio de una solicitud anterior, y de nuevo vence el plazo sin resolución expresa, en ese caso concreto sí se entiende estimado.

Qué efecto jurídico tiene cada uno

La estimación por silencio administrativo tiene, a todos los efectos, la consideración de un acto administrativo que pone fin al procedimiento: la Administración solo puede dictar después una resolución expresa que la confirme. La desestimación por silencio, en cambio, únicamente permite al interesado interponer el recurso administrativo o contencioso- administrativo que corresponda; la Administración conserva la obligación de resolver expresamente, sin quedar vinculada por el sentido negativo del silencio previo.

Cómo se acredita el silencio positivo

Los actos producidos por silencio administrativo se pueden hacer valer tanto ante la propia Administración como ante cualquier persona física o jurídica, y su existencia se puede acreditar por cualquier medio de prueba admitido en derecho, incluido un certificado que la Administración debe expedir de oficio en el plazo de quince días desde que venza el plazo máximo para resolver.

Esta guía es una explicación divulgativa de BOE Fácil, no asesoramiento jurídico. Para el texto oficial completo, consulta el artículo 24 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común.