Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC) regula cómo debe tramitarse cualquier procedimiento administrativo en España: los derechos de las personas interesadas, los requisitos y efectos de los actos administrativos, las fases del procedimiento (iniciación, instrucción, finalización) y los recursos administrativos frente a ellos. Entró en vigor junto con la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, sustituyendo a la antigua Ley 30/1992, y consolidó la tramitación electrónica como forma ordinaria de relacionarse con la Administración.

A quién afecta: Cualquier persona o empresa que se relacione con una Administración Pública española: solicitudes, permisos, subvenciones, sanciones o cualquier otro procedimiento administrativo.

• El Título I regula quién tiene la condición de interesado en un procedimiento administrativo y cómo debe identificarse y firmar.
• El Título III regula los requisitos, la eficacia y la nulidad o anulabilidad de los actos administrativos.
• El Título IV regula el procedimiento administrativo común propiamente dicho: cómo se inicia, se instruye y se pone fin a un expediente, incluida una tramitación simplificada para casos de urgencia o escasa complejidad.
• El Título V regula la revisión de los actos administrativos: la revisión de oficio por la propia Administración y los recursos administrativos que puede interponer la persona interesada.