Orden HFP/371/2018, de 9 de abril, por la que se regulan las actuaciones de planificación, ejecución y evaluación correspondientes a la supervisión continua de las entidades integrantes del Sector Público Institucional Estatal

Explicación editorial de BOE Fácil — no es el texto oficial

Esta orden desarrolla el sistema de supervisión continua de las entidades del Sector Público Institucional Estatal previsto en la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, atribuyendo su ejercicio a la Intervención General de la Administración del Estado. Regula cómo se planifican, ejecutan y evalúan las verificaciones sobre si cada organismo o entidad sigue justificando su existencia y si es financieramente sostenible, pudiendo derivar en recomendaciones de mejora o en propuestas de transformación o supresión del organismo.

A quién afecta: Entidades integrantes del sector público institucional estatal (organismos públicos, fundaciones del sector público estatal, sociedades mercantiles estatales y demás entes del artículo 84.1 de la Ley 40/2015), sus órganos de tutela o adscripción, y la Intervención General de la Administración del Estado, encargada de ejercer la supervisión.

• El sistema de supervisión continua verifica tres extremos mínimos: si subsisten las circunstancias que justificaron la creación de la entidad, su sostenibilidad financiera, y si concurren causas de disolución por incumplimiento de sus fines o por no ser el medio más idóneo para lograrlos.
• Como resultado de la supervisión pueden formularse recomendaciones de mejora organizativa o de gestión, propuestas de supresión cuando concurran las causas legales, o propuestas de transformación cuando la forma jurídica de la entidad no sea la adecuada.
• Las entidades sujetas al sistema deben remitir anualmente información a través del sistema electrónico habilitado por la Intervención General: la subsistencia de las circunstancias de su creación, su necesidad de financiación o resultado bruto de explotación, y las fuentes de financiación de gastos e inversiones.
• Se excluye del deber de remisión toda información que ya esté a disposición de la Intervención General por otras vías (rendición de cuentas anuales, obligaciones de transparencia u otras obligaciones legales), para evitar duplicidades administrativas.
• El sistema se rige por los principios de autonomía e independencia funcional de quienes lo ejercen, coordinación con las inspecciones de servicios departamentales, eficiencia en el uso de recursos públicos, y ejercicio contradictorio, garantizando un plazo de alegaciones antes de las conclusiones definitivas.

Redactado por Equipo editorial BOE Fácil.