Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Explicación editorial de BOE Fácil — no es el texto oficial

Esta orden configura el Sistema de Gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), el instrumento español financiado por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea (fondos Next Generation EU). Define cómo se planifican, ejecutan, siguen y controlan los proyectos y subproyectos en los que se descomponen las reformas e inversiones del Plan, y establece los principios transversales de obligado cumplimiento: etiquetado verde y digital, prevención de daño significativo al medio ambiente (DNSH), lucha contra el fraude y la corrupción, e identificación del perceptor final de los fondos.

A quién afecta: Entidades del sector público estatal, autonómico y local que gestionan o ejecutan medidas del PRTR, y cualquier perceptor de fondos del Plan (beneficiarios de ayudas, contratistas y subcontratistas), bajo la coordinación de la Secretaría General de Fondos Europeos como Autoridad Responsable y el control de la Intervención General de la Administración del Estado como Autoridad de Control.

• El sistema distingue entre Hitos y Objetivos CID (imprescindibles para solicitar los desembolsos de fondos europeos), Hitos y Objetivos OA (indicadores de seguimiento) e Hitos y Objetivos de Gestión, críticos o no críticos, para el control interno de cada proyecto.
• Los recursos del Plan deben etiquetarse como contribución a la transición ecológica (39,7% del total) o digital (28,2% del total), y cualquier desviación de esos objetivos obliga a informar a la Autoridad Responsable.
• Toda medida del Plan debe superar el análisis de riesgo de 'no causar un perjuicio significativo' (DNSH) a seis objetivos medioambientales: mitigación y adaptación al cambio climático, uso sostenible del agua, economía circular, prevención de la contaminación y protección de la biodiversidad.
• Los órganos gestores deben identificar en una base de datos electrónica única al perceptor final de cada ayuda, así como a los contratistas y subcontratistas involucrados, como medida de transparencia y lucha contra el fraude.
• Las entidades ejecutoras deben autoevaluar sus procedimientos al menos una vez al año de vigencia del Plan y registrar en el sistema informático el cumplimiento de cada hito u objetivo mediante un Certificado de Cumplimiento firmado por el órgano gestor competente.

Redactado por Equipo editorial BOE Fácil.