Ley Orgánica 18/2003, de 10 de diciembre, de Cooperación con la Corte Penal Internacional

Esta ley orgánica regula la cooperación de España con la Corte Penal Internacional: atribuye al Ministerio de Justicia el papel de único órgano de relación con la Corte, regula la detención y entrega de personas reclamadas por ella, y permite al Gobierno impugnar la competencia de la Corte cuando los tribunales españoles ya hayan conocido del asunto.

A quién afecta: Personas reclamadas por la Corte Penal Internacional, órganos judiciales españoles (en particular el Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional), y el Ministerio de Justicia.

• El artículo 2 obliga a España a prestar plena cooperación a la Corte Penal Internacional conforme al Estatuto de Roma.
• El artículo 6 atribuye al Ministerio de Justicia el papel de único órgano de relación entre la Corte y los órganos judiciales y el Ministerio Fiscal españoles.
• El artículo 11 obliga a poner sin demora a disposición del Juez Central de Instrucción de la Audiencia Nacional a cualquier persona detenida en cumplimiento de una orden de la Corte.
• El artículo 13 permite la entrega simplificada a la Corte cuando la persona reclamada consienta expresamente en su entrega.