Orden HAP/492/2014, de 27 de marzo, por la que se regulan los requisitos funcionales y técnicos del registro contable de facturas de las entidades del ámbito de aplicación de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público

Explicación editorial de BOE Fácil — no es el texto oficial

Esta orden regula los requisitos funcionales y técnicos del registro contable de facturas que todas las Administraciones Públicas deben mantener desde el 1 de enero de 2014, en desarrollo de la Ley 25/2013 de impulso de la factura electrónica. El registro anota cada factura desde su recepción hasta el reconocimiento y pago de la obligación, para mejorar el control del gasto público y de la morosidad.

A quién afecta: Todas las entidades del sector público incluidas en el ámbito de la Ley 25/2013, los proveedores que expiden facturas a las Administraciones Públicas, los órganos u unidades administrativas con función de contabilidad, y la Intervención General de la Administración del Estado.

• Cada Administración Pública debe anotar en su registro contable de facturas la recepción, aceptación o rechazo, propuesta de anulación y, en su caso, el reconocimiento y contabilización de la obligación de pago de cada factura recibida, en papel o electrónica.
• Las facturas electrónicas se reciben a través del Punto general de entrada de facturas electrónicas correspondiente y se remiten automáticamente al registro contable de facturas del centro gestor destinatario.
• El registro contable de facturas debe estar interrelacionado o integrado con el sistema de información contable de la entidad, proporcionando la información necesaria para el seguimiento de los compromisos de pago y el cálculo del periodo medio de pago a proveedores.
• La Administración debe informar sobre el estado de una factura a petición del proveedor o presentador, a través del registro administrativo de procedencia o, en el caso de facturas en papel, mediante el procedimiento alternativo que establezca cada entidad.
• Las Comunidades Autónomas y Entidades Locales disponen de un plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la orden para adecuar sus sistemas a los requisitos funcionales y técnicos establecidos.

Redactado por Equipo editorial BOE Fácil.